La auditora Deloitte ha manifestado ante el juez Fernando Andreu que validó los estados contables de la salida a bolsa de Bankia siguiendo «en todo momento» las instrucciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La auditora y su socio, Fernando Celma, han recordado, además, que actuaron siguiendo instrucciones de estos dos organismos supervisores.
Según ha destacado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, «han aportado dos cartas, de mayo de 2013 y abril de 2014, en las que demuestran que sus trabajos de auditoría y consultoría se realizaron a requerimiento de los organismos supervisores».
El magistrado Fernando Andreu, que investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, ha tomado declaración en calidad de investigados al propio Celma y al representante legal de la auditora. Ambos han declarado por espacio de cuatro horas y han contestado a las preguntas formuladas por el juez, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares.
Celma ha cargado contra los informes de los dos expertos cedidos por el Banco de España y adscritos al juzgado, que concluyeron que las cuentas de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad.
Ha puesto de manifiesto que los peritos no consideraron en sus primeros informes la existencia de provisiones genéricas que hubieran servido para compensar las cuentas. «Han defendido su actuación como auditores y señalado que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias», ha destacado Herzog que ha aclarado que cuando avaló las cuentas de la salida a Bolsa había «un cierto colchón».
Las provisiones ascendían en el momento a 3.000 millones de euros –ha precisado– y ha aportado documentación para apoyar esta tesis. Ha indicado, además, que las conclusiones de otras firmas de reconocido prestigio, como PwC, Ernst and Young y KPMG, que auditaban en 2010 las cuentas de cinco de las cajas que se integraron en Bankia, también contradicen el criterio de los peritos.
La auditoria y su socio también han justificado que avalar las cuentas formuladas por el presidente de la entidad, Rodrigo Rato, en 2011. «Ha vuelto incidir en todas las razones que, en su opinión, le avalaban por haberlas tumbado y, en definitiva, haber provocado la caída del presidente de la entidad y la nacionalización de Bankia», ha dicho Herzog.
CRÍTICAS A LOS PERITOS
Las críticas respecto a la actuación de los peritos han sido cuantiosas. Así, Celma ha incidido en que el análisis de los expertos adolece de «sesgo retrospectivo», es decir, analiza unos hechos del pasado utilizando información posterior que no se conocía en el momento. También ha asegurado que adoptan «inexplicables» cambios de criterio y aplican «una normativa contable inventada por ellos mismos».
En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo ’15mpaRato’ y UPyD –que se ha retirado del caso–, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su «imagen fiel» a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.
En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella. (EP)
