La decisión del Tribunal Constitucional, adoptada por unanimidad, estima el recurso presentado por el Gobierno contra varios preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, empleada por el Ejecutivo catalán con el fin de hacer efectiva una eventual independencia de Cataluña.
Entre los preceptos que los magistrados consideran inconstitucionales están las disposiciones adicionales (de la 22 a las 26) y artículos (69 y 95) de la Ley 3/2015 de 11 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlamento de Cataluña, que preveía la creación de un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña; la elaboración de un catálogo de infraestructuras estratégicas, el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la modificación del ya existente Servicio Meteorológico de Cataluña; y la limitación al establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos.
Es decir, todos aquellos que el tribunal de garantías ya suspendió a petición del Gobierno en junio de 2015 de forma cautelar.
El asunto que ha sido tratado este jueves por el tribunal de garantías y se ha llegado a un fallo que estima parcialmente el recurso que interpuso el Gobierno contra esta norma. Falta aún redactar la sentencia y notificarla a las partes interesadas, según fuentes del tribunal de garantías.
Por otro lado, el tribunal sí declara constitucionales, siempre y cuando se interpreten como determina la sentencia acordada este jueves, las disposiciones que prevén la elaboración de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña y la creación de una Agencia catalana de Protección social.
El grueso de medidas anuladas fue aprobado en el Parlament con los votos de CiU y ERC, en su alianza para avanzar hacia la independencia de Cataluña.
En unos días, el tribunal dará a conocer la redacción de la sentencia.
