La Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara ha respaldado la propuesta de mejorar la asistencia jurídica a los sospechosos o acusados de un delito u objeto de una orden de arresto europea que no disponen de medios para pagar los costes de su defensa, tanto en la fase provisional como en la ordinaria.
Sobre la propuesta existe ya un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo (países de la Unión Europea, UE), que ampliaba los estándares europeos de la asistencia jurídica para asegurar un juicio justo.
Hoy, los diputados que forman la citada Comisión aprobaron con 44 votos a favor y uno en contra el borrador de texto que reconoce el derecho a una asistencia jurídica provisional y ordinaria para asegurar que el Estado cubre parte de los costes de la defensa y los procedimientos judiciales para aquellas personas que no pueden pagar a un abogado.
La asistencia legal debería ser facilitada en todas las etapas de un procedimiento penal, según defienden los parlamentarios.
La propuesta inicial de la Comisión Europea solo preveía el derecho a una protección legal provisional para los sospechosos o acusados en estos procedimientos que estuvieran «privados de libertad», y únicamente hasta que existiera una decisión final sobre su posibilidad de recibir ayuda legal.
La asistencia «ordinaria» se refiere a todos los costes de defensa, incluidos los de un abogado y los costes de los juicios penales.
La legislación prevé un «análisis de pruebas» para evaluar si una persona dispone de recursos económicos para pagar la asistencia legal.
Además, las personas objeto de una orden de arresto europea también deberían recibir cobertura, tanto en el estado miembro que ejecuta como en el que la emite, defienden los diputados.
La propuesta de Directiva para la regulación de la prestación de asistencia jurídica gratuita a las personas imputadas o acusadas y la justicia gratuita en los procedimientos de orden de detención europea deberá ser aún votada por el pleno, probablemente el próximo octubre.
