Eugenio Ribón no ha esperado al primer día hábil de septiembre para hacer sonar la alarma. Coincidiendo con la apertura del Año Judicial, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha remitido al Gobierno y a los grupos parlamentarios un decálogo que, leído con detenimiento, funciona más como un frenazo que como una felicitación institucional.
Diez propuestas. Un solo mensaje de fondo: las reformas aprobadas en los últimos años necesitan, antes que nuevas leyes, una revisión seria de sus efectos.
El documento no nace de una intuición. Se apoya en dos estudios propios —uno sobre los medios adecuados de solución de controversias (MASC) entre 1.164 letrados, otro sobre Justicia Digital con 1.373 respuestas— y en las reivindicaciones que el Colegio arrastra desde hace años en materia de Justicia Gratuita, consignaciones judiciales y dotación de medios.
«En los últimos años se han sucedido reformas de enorme alcance y ha llegado el momento de evaluar con rigor sus efectos. La política de Justicia no puede medirse por el número de leyes aprobadas o de herramientas implantadas, sino por su capacidad para facilitar el acceso a los tribunales, reducir tiempos, ofrecer seguridad jurídica y garantizar plenamente el derecho de defensa», señala Ribón.
1. Revisar la obligatoriedad de los MASC de la Ley Orgánica 1/2025
Aquí está, sin rodeos, la propuesta que más ruido va a generar. El ICAM sitúa entre sus prioridades absolutas la revisión de la configuración de los MASC como requisito obligatorio para acceder a la jurisdicción, y respalda esa exigencia con un estudio propio entre 1.164 abogados y abogadas cuyo diagnóstico no deja demasiado margen para la ambigüedad: el 84% rechaza la obligatoriedad, únicamente el 10% de los intentos concluye en acuerdo, el 90% considera que los nuevos trámites ralentizan los procedimientos, el 50,7% ha tenido dificultades para acreditar el intento negociador y el 71% detecta criterios judiciales dispares entre juzgados.
La valoración media que los encuestados otorgan a la regulación es de 1,6 sobre 10.
«El ICAM no cuestiona el valor de la negociación, la mediación o la conciliación, sino su imposición general como requisito de procedibilidad y las consecuencias que puede tener sobre el derecho de acceso a la Justicia», ha explicado el decano, que va más allá y desliza una duda de calado constitucional: la posible fricción de esta obligatoriedad con el artículo 24 de la Constitución, con especial atención a los procedimientos de familia con menores y a los conflictos transfronterizos.
«Una caída del número de demandas no puede interpretarse automáticamente como un indicador de éxito. Hay que conocer si los conflictos se están resolviendo mejor o si, por el contrario, existen ciudadanos que encuentran nuevas dificultades para acceder a los tribunales», advierte Ribón.
La vicedecana Isabel Winkels, referente en Derecho de familia, lo resume sin matices: imponer los MASC en un ámbito donde el acuerdo entre las partes ya es mayoritario «no solo es innecesario, sino contraproducente».
2. Evaluar la implantación de los Tribunales de Instancia
El Colegio no quiere que el balance de la Ley Orgánica 1/2025 se agote en los MASC. Reclama someter a evaluación también la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, analizando su impacto real sobre los tiempos de respuesta, la organización de los órganos judiciales y la seguridad jurídica —y corrigiendo, sobre la marcha, las disfunciones que vayan apareciendo durante el despliegue.
La lógica que subyace es simple de enunciar y compleja de ejecutar: una reforma de esta envergadura exige seguimiento continuado, criterios homogéneos entre partidos judiciales y capacidad real para rectificar cuando la práctica desmienta lo previsto sobre el papel.
3. Garantizar una Justicia Digital eficaz y con participación de la abogacía
Pocas propuestas del decálogo se apoyan en datos tan contundentes como esta. El I Estudio ICAM sobre Justicia Digital, elaborado a partir de 1.373 respuestas y presentado este verano, revela que el 46,9% de los profesionales está insatisfecho o muy insatisfecho con su funcionamiento, y que seis de cada diez consideran que la digitalización apenas agiliza los procedimientos o directamente los dificulta.
El Expediente Judicial Electrónico concentra buena parte del malestar: el 59,4% declara problemas frecuentes o muy frecuentes para acceder al expediente completo, ordenado y con suficiente antelación. Sumando las incidencias ocasionales, la cifra se acerca al 90% de los profesionales encuestados.
«En Justicia, un problema tecnológico puede convertirse inmediatamente en un problema jurídico. Si un abogado no puede acceder a una grabación o a un documento imprescindible para preparar un recurso, lo que está en juego no es la calidad de una plataforma, sino el derecho de defensa», señala el decano.
El Colegio reclama acceso íntegro a expedientes y grabaciones, mayor interoperabilidad entre sistemas, protección de la confidencialidad abogado-cliente y mecanismos eficaces cuando un fallo tecnológico amenace plazos o actuaciones procesales.
A eso se suma una exigencia sobre la inteligencia artificial: el 95,4% de los encuestados reclama mayor participación de la abogacía en el diseño, evaluación y mejora de la Justicia Digital, algo que el ICAM propone institucionalizar.
«La participación de los profesionales no debe producirse cuando una herramienta ya está implantada y los problemas han llegado a los procedimientos. Escuchar desde el principio permite diseñar mejores políticas públicas», afirma Ribón.
4. Garantizar una pasarela al RETA efectiva, segura y transparente
Tras la aprobación de la pasarela voluntaria al RETA, el Colegio pide que su desarrollo reglamentario avance con agilidad y garantice una aplicación efectiva, homogénea y jurídicamente segura.
La preocupación de fondo es doble: que el reglamento no introduzca nuevas exclusiones o desigualdades, y que cada mutualista reciba información individualizada, clara y completa sobre sus derechos acumulados, los cálculos aplicables y las consecuencias económicas y previsionales de la transferencia.
Para el ICAM, la norma ya aprobada es un paso decisivo, pero su efectividad real se juega ahora, en la letra pequeña del desarrollo reglamentario.
5. Reformar integralmente la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley 1/1996, el Colegio reclama una reforma profunda de un sistema que considera esencial para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con menos recursos. La lista de exigencias es larga: pago de todas las actuaciones efectivamente realizadas, incorporación de las que hoy no reciben remuneración, mecanismos periódicos y estables de actualización de baremos, revisión de los umbrales económicos de acceso y ampliación de determinados supuestos de cobertura. El ICAM añade además la revisión de la referencia al IPREM y la elaboración de un Estatuto de la Abogacía de Oficio.
«La Justicia Gratuita es un derecho del ciudadano y una obligación del Estado. Su sostenibilidad no puede depender de que los abogados asuman actuaciones necesarias que posteriormente no son retribuidas», sostiene el decano.
6. Actuaciones urgentes ante las dilaciones y recuperar los juzgados de refuerzo ante el colapso de la jurisdicción social
Si hay un punto del decálogo que suena a urgencia real más que a reivindicación de fondo, es este. El ICAM plantea, para empezar, soluciones de bajo coste normativo: sistemas digitales de información en tiempo real sobre la previsión de inicio de las actuaciones y una agenda de señalamientos viva, actualizada y accesible.
«Hay mejoras de la Justicia que no requieren una nueva ley. Informar adecuadamente sobre el retraso de una vista evita horas de espera a ciudadanos, abogados, testigos, peritos y empresas. También esto es eficiencia y también esto es modernización», afirma Ribón.
Pero el punto central es otro: la situación de colapso en la jurisdicción social, sobre la que el Colegio lleva años alertando por falta de medios. La preocupación se agudiza en procedimientos donde el paso del tiempo puede vaciar de contenido la propia resolución judicial —incapacidad permanente, prestaciones de Seguridad Social, despidos, derechos laborales básicos—, con señalamientos que en determinados órganos se fijan a varios años vista.
«Hay procedimientos en los que una sentencia que llega varios años después puede haber perdido buena parte de su capacidad para proteger al ciudadano. En la jurisdicción social hablamos muchas veces de salud, subsistencia, empleo y prestaciones esenciales. No podemos normalizar señalamientos a tres o cuatro años vista. Cuando la respuesta judicial llega tan tarde, debemos preguntarnos si el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por la Constitución está siendo realmente efectivo», ha planteado el decano, en una de las frases más contundentes de todo el documento.
7. Reforzar los medios de la Justicia y preservar la independencia judicial
El Colegio sitúa la dotación de medios humanos, tecnológicos y organizativos entre las prioridades centrales del nuevo curso: más plantilla de jueces, letrados de la Administración de Justicia y personal donde la carga de trabajo lo exija; mejores infraestructuras tecnológicas; atención prioritaria a los órganos con mayores retrasos; fortalecimiento de los equipos psicosociales; y mejor coordinación entre servicios judiciales.
Esa exigencia de medios va acompañada, sin fisuras, de una defensa de la independencia judicial y de la separación de poderes, que el ICAM entiende como garantía de todos los ciudadanos y no como prerrogativa de quienes ejercen la función jurisdiccional.
«Debemos preservar la independencia de nuestros tribunales y, al mismo tiempo, proporcionarles los medios que necesitan para cumplir adecuadamente su función. Ambas exigencias forman parte de una misma idea de calidad institucional», sostiene Ribón.
8. Hacer efectivo el derecho a la conciliación de la abogacía
El ICAM reclama consolidar un verdadero derecho a la conciliación en el ejercicio profesional: mecanismos efectivos para suspender vistas, procedimientos y plazos en situaciones de enfermedad, nacimiento, hospitalización, fallecimiento u otras causas de fuerza mayor, junto con el derecho a la desconexión y a un periodo anual libre de notificaciones.
El Colegio se apoya, además, en una doctrina reciente del Tribunal Supremo que valora como un avance: la que reconoce, en 2026, que la denegación injustificada de la suspensión de una vista por enfermedad acreditada del abogado puede comportar la nulidad de la actuación.
«La conciliación del abogado y el derecho de defensa del ciudadano no son intereses enfrentados. Proteger adecuadamente al profesional en situaciones graves significa también proteger al cliente que ha confiado en él su defensa», afirma Ribón.
9. Avanzar hacia un agosto realmente inhábil
El Colegio reclama corregir las incoherencias que todavía persisten en la regulación de agosto, y lo ha traducido en dos iniciativas concretas trasladadas al Congreso: ampliar su inhabilidad en la jurisdicción social —manteniendo las excepciones necesarias para procedimientos urgentes— y declarar agosto inhábil a efectos de la interposición de determinados recursos administrativos, entre ellos los de alzada, reposición y ciertos recursos en materia de contratación.
Para el ICAM, no se trata de una reivindicación vacacional, sino de introducir coherencia en el calendario procesal, garantizar la capacidad de defensa de los ciudadanos y permitir unas condiciones mínimas de conciliación.
10. Desbloquear las cantidades retenidas en las cuentas de consignación judicial
El decálogo se cierra con una cifra que, pese a su magnitud, rara vez sale a la luz: según los datos que maneja el Colegio, alrededor de 4.800 millones de euros permanecen inmovilizados en cuentas de consignación judicial. Dinero ya reconocido por sentencia firme, pendiente todavía de llegar a sus beneficiarios.
El ICAM ha registrado en el Congreso una reforma para que esos fondos se pongan a disposición de sus beneficiarios en un plazo razonable y para que las demoras no imputables a estos generen intereses compensatorios automáticos, sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento.
La iniciativa plantea también automatizar el cálculo de esos intereses y reforzar la supervisión de la ejecución.
«Una persona o una empresa que ha esperado años para obtener una sentencia no debería afrontar después una nueva demora para recibir un dinero que ya le ha sido reconocido y se encuentra consignado. La ejecución forma parte inseparable de la tutela judicial efectiva», sostiene Ribón.
Una agenda para evaluar, corregir y mejorar
Con este decálogo, el ICAM plantea al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias una agenda para el nuevo año judicial construida sobre tres principios: evaluar las reformas por sus resultados, escuchar a quienes trabajan diariamente en la Justicia y reforzar las garantías del ciudadano y del derecho de defensa.
«La abogacía ofrece una perspectiva especialmente cercana a la realidad del sistema. Somos quienes debemos explicar al ciudadano por qué su procedimiento tarda, por qué debe superar un nuevo requisito antes de poder demandar, por qué no aparece un documento en el expediente electrónico o por qué una cantidad que un tribunal ya le ha reconocido todavía no ha llegado a su cuenta. Ese conocimiento debe aprovecharse», señala el decano.
«La calidad de la Justicia no se mide por el número de reformas aprobadas. Se mide por la confianza que merece y por las respuestas reales que es capaz de ofrecer a ciudadanos y empresas cuando necesitan hacer valer sus derechos», concluye Ribón.
