El Pleno del Senado aprobó ayer definitivamente la reforma de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, que reconoce a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la Administración Penitenciaria. La modificación afecta al artículo 80 de la norma y culmina la tramitación parlamentaria de una reivindicación histórica del colectivo.
El cambio supone un refuerzo de la protección jurídica de los profesionales que trabajan en las prisiones. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los presos que agredan a un trabajador penitenciario podrán enfrentarse a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, en aplicación de lo previsto para los atentados contra agentes de la autoridad en el artículo 550 del Código Penal.
CSIF atribuye la aprobación a las negociaciones mantenidas para lograr un acuerdo entre PP y PSOE, que permitiera reunir los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma.
Presunción de veracidad y compensaciones por daños
El reconocimiento como agentes de la autoridad incorpora además una serie de garantías en materia de seguridad jurídica y protección durante el ejercicio de sus funciones.
Según detalla CSIF, los informes elaborados por estos profesionales podrán servir como base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario. La reforma también contempla una compensación económica por parte de la Administración cuando los trabajadores sufran daños personales o materiales durante el servicio.
A estas medidas se añade la garantía de separación respecto del resto de detenidos en caso de traslado o ingreso en prisión y garantías de seguridad que, de acuerdo con el sindicato, alcanzan también al personal laboral.
Para CSIF, el reconocimiento supone la culminación de una reivindicación histórica en un momento en el que el sindicato viene alertando del incremento de los episodios violentos en los centros penitenciarios.
Más de 500 agresiones cada año en prisiones
La organización asegura, basándose en datos que califica de oficiales, que en las cárceles españolas se registran más de 500 agresiones anuales, lo que equivale aproximadamente a una agresión cada 18 o 20 horas.
CSIF sostiene además que durante los últimos años se han producido episodios especialmente graves, entre ellos agresiones múltiples y ataques protagonizados por internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.
A esta situación se suma, según los datos recogidos por el sindicato, el aumento de la población penitenciaria: en los últimos dos años habría 6.200 internos más.
La aprobación de la reforma no pone fin a las reivindicaciones del sindicato. CSIF reclama ahora a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de las plantillas y denuncia que existen módulos penitenciarios que no pueden abrirse por falta de personal suficiente, algo que, a su juicio, dificulta la adecuada clasificación interior de los internos.
La organización señala problemas de personal en áreas como Vigilancia, Sanidad, oficinas y área mixta y reclama también al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retomen la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las necesidades actuales de los centros.
CSIF pide igualmente revisar la legislación relativa a la clasificación de los internos y actualizar tanto los medios coercitivos disponibles como el régimen disciplinario de los reclusos.
