El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha afirmado hoy en la Escuela de Verano del Poder Judicial que los jueces deben trabajar teniendo presente el interés social de sus resoluciones y emplear un lenguaje claro que permita trasladar a la sociedad ese contenido.
Ibarra ha puntualizado que «el juez no puede pensar estrictamente en la motivación jurídica, sino que debe transmitir socialmente ese contenido, aunque no lo tiene que hacer él, pues para eso están las oficinas de comunicación».
Durante su intervención ha indicado que los jueces son un poder público y ha detallado que «todos los poderes públicos navegan en los medios de comunicación» para relacionarse «con la ciudadanía».
Por ello, ha asegurado que es fundamental que utilicen un lenguaje comprensible y «no ese idioma farragoso» tan frecuente en sentencias, pues eso ayuda a la comprensión.
En ese sentido, ha destacado que «una buena información inicial permite que los medios trabajen con un buen material» mientras que «una no información hace que trabajen con una información más interesada de la parte que ha salido perjudicada en el pleito», por lo que ve positivas las manifestaciones públicas.
Ibarra ha reflexionado en su ponencia, titulada La legitimidad democrática del Poder Judicial y de sus órganos de gobierno, en la Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán, sobre la constante expansión de las funciones de la jurisdicción en la vida cotidiana y ha situado al Poder Judicial como garante “de los derechos fundamentales de todos y de control de la legalidad en la actuación o en la omisión de los poderes públicos”.
Para el presidente del TSJ del País Vasco, “la legitimidad del Poder Judicial no puede alcanzarse al margen de la confianza de las personas en la imparcialidad, honestidad, competencia intelectual, capacidad de juicio y rigor ético de aquella o aquél de quien recaba la administración de la justicia”.
Asimismo ,ha insistido en que esa legitimidad se alcanza con el reconocimiento social, lo que se logra a raíz de las «buenas prácticas procesales«, que proyectan una imagen positiva de la judicatura.
