Casi el 6 por ciento de los declarantes del IRPF son personas con discapacidad. Así se desprende de un estudio sobre la discapacidad en las estadísticas del IRPF presentado en la sede de Fundación ONCE en Madrid bajo la Presidencia del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, acompañado de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.
El estudio, denominado ‘La discapacidad en las estadísticas sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas’, ha sido elaborado con la colaboración del CERMI y de Fundación ONCE.
En su intervención, Miguel Ferre destacó la importancia de contar con toda la información posible para poder evaluar las políticas públicas. En este sentido, recordó la labor realizada en materia de discapacidad con la reforma fiscal.
“Con los diferentes incentivos que están referidos a la discapacidad, hemos estimado que más de un millón de personas se van a poder ver beneficiadas de estos incentivos que la reforma fiscal ha incorporado”, recalcó.
Según dijo, todo lo que tiene que ver con la discapacidad ha sido objeto de preocupación del Gobierno a lo largo de esta Legislatura.
“A través de la reforma fiscal hemos incluido potentes incentivos para mejorar la vida y la situación de las personas con discapacidad y sus familias”.
Por ello, concluyó, “es un motivo de satisfacción estar aquí y ver cómo este tipo de fundaciones siguen desempeñando una tarea que nos beneficia al conjunto de la sociedad”.
Por su parte, Alberto Duránsubrayó que estudios como éste permiten ser “más justos y más equitativos” en el trato a las personas con discapacidad y sus familias. “Resulta clave”, aseguró, contar con una política fiscal orientada con información.
En la misma línea, Luis Cayo Pérez Bueno, puso de manifiesto “la ecuación maléfica” que confirma que las personas con discapacidad tienen menos capacidad de renta y más gasto por razón de discapacidad.
“Por eso se necesitan muchas políticas públicas de acción positiva –y dentro de ellas de política fiscal- que acerquen al colectivo a una situación de igualdad de oportunidades”. Reconoció que se han producido avances y confió en que investigaciones como ésta permitan mejorar aún más en las sucesivas reformas fiscales.
Los autores, Domingo Carbajo, inspector de Hacienda del Estado, e Isidoro Martín, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, fueron los encargados de presentar el informe.
También asistieron Miguel Cruz Amorós, consejero de Landwell, PricewaterhouseCoopers en España, de la División de Asesoría Jurídica y Fiscal, Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE y portavoz de la Comisión de Expertos de Legislación sobre Discapacidad del Real Patronato sobre Discapacidad, y Lourdes Márquez, responsable del departamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.
Una de las conclusiones del informe señala cómo el conocimiento estadístico de la discapacidad y sus diferentes variables constituye un instrumento para que las autoridades públicas puedan mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas sociales destinadas a la información, prevención, rehabilitación y solución, en su caso, de las diferentes discapacidades.
En esta línea, el documento añade que sería importante que el análisis cuantitativo de la discapacidad a partir de las estadísticas tributarias publicadas por la AEAT, se extendiese a otros impuestos y a otras instituciones que se encargan de la aplicación de los tributos, desde las vinculadas a entidades locales a las Diputaciones Forales.
También subraya que, al igual que lo sucedido en relación con la variable de género en años anteriores, las estadísticas oficiales del IRPF deberían explicitar, de manera sistemática y periódica, la variable discapacidad.
“Se podría obtener mayor información sobre el fenómeno de la discapacidad en el IRPF y ésta podría ser más precisa, sin que suponga un gran coste de gestión”, recalca el informe.
CONCLUSIONES: FALTAN ESTADÍSTICAS FIABLES
En la exposición de conclusiones, los autores del estudio indicaron la necesidad de poner de relieve la importancia de establecer un Programa estadístico de explotación sistemática de estadísticas fiscales afectadas por la discapacidad o de interés para el conocimiento de esta variable socio-económica, demográfica y epidemiológica.
Sin embargo, no hay un Programa integrado y planificado que permita, no sólo ampliar este tipo de trabajos a otros gravámenes, sino relacionar las estadísticas fiscales en materia de discapacidad con otro tipo de fuentes informativas acerca de esta circunstancia, por ejemplo, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
De acuerdo con el estudio, el 5,93 por ciento de quienes hicieron su IRPF afirmaron ser personas con discapacidad. Sin embargo, la incidencia de la discapacidad en el impuesto es muy superior, particularmente por el hecho de que el 11,85 por ciento de las personas afirman en la declaración tener una persona dependiente con discapacidad a su cargo.
Según el documento, este dato aparece en un total de 1.618.739 declaraciones y con un medio de mínimo por declarante de 6.834 euros.
La finalidad principal de este trabajo es proporcionar información acerca de la incidencia social y económica del fenómeno de la discapacidad, tal y como se deduce de las estadísticas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), elaboradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y, en particular, de la Muestra preparada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) a partir de las declaraciones-liquidaciones que, de manera anual, presentan los contribuyentes.
