El Tribunal Supremo ha condenado a 1 año de prisión a un teniente coronel del Ejército de Tierra que creó dos cuentas de correo electrónico con nombre de mujer desde las cuales mandó mensajes de contenido íntimo y sexual a un sargento primero.
Por estos hechos, también condena a otro teniente coronel, en este caso por cómplice.
El Supremo ha confirmado las penas impuestas por el Tribunal Militar Central de un año de prisión para uno de los oficiales (el que remitió los mensajes) por un delito consumado de extralimitación del mando en su modalidad de abuso grave mediante prevalimiento del empleo o destino, previsto y penado en el artículo 138, inciso segundo, del Código Penal Militar. Y de diez meses de prisión para el segundo oficial.
Según los hechos probados, ambos militares, suspendidos de empelo y sueldo durante el tiempo de la condena, se confabularon para obtener datos relativos a la vida privada del suboficial, en algunos casos alojados en la página de contactos ‘El planazo’.
Al parecer, el citado sargento primero había tenido amistad íntima con una funcionaria civil del Ejército que también tuvo relación con el teniente coronel Víctor Z.P.
Los hechos ocurrieron en el acuartelamiento de Loyola en San Sebastián entre 2007 y 2008. Los dos tenientes coroneles, que cuando sucedieron los hechos eran comandantes, han sido condenados por un delito consumado de extralimitación en el ejercicio del mando, en su modalidad de comisión de abuso grave mediante prevalimiento del empleo o destino. El Supremo rechaza sus recursos y confirma la sentencia dictada en diciembre de 2015 por el Tribunal Militar Central.
HECHOS PROBADOS
Según indican los hechos probados de la sentencia, el entones comandante Pablo B. R. tenía la condición de coordinador informático del Ejército de Tierra, y como tal gestionaba los equipos, programas y sistemas informáticos usados por las personas destinadas en el acuartelamiento de Loyola, incluida la solicitud de asignación de archivos identificadores ID y las contraseñas para acceso al correo electrónico oficial o corporativo del personal militar y civil.
En la misma época, el entonces comandante Víctor Z.P., estaba destinado en una unidad en «Loyola», y bajo su inmediata dependencia prestaban sus servicios el hoy Subteniente (y en aquella época Sargento primero) y la funcionaria civil, con la que había mantenido una relación de amistad íntima.
El día 10 de abril de 2007, sin que mediase previa petición de ninguno de los dos usuarios ni concurriese ninguna de las tres únicas causas susceptibles de amparar la solicitud (alta, pérdida o caducidad), el hoy Teniente Coronel Pablo B.R., pidió al Ministerio de Defensa la remisión por pérdida de copia de archivos identificadores «ID» para el suboficial y la funcionaria citados, que fueron remitidos, lo que llevaba aparejada la asignación automática a cada archivo ID de una contraseña para el acceso al correo electrónico oficial del correspondiente usuario.
SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
De este modo, los archivos identificadores y las correspondientes contraseñas de acceso al correo electrónico de esas dos personas fueron conocidos por el entonces comandante Pablo B. R.., que sin motivo alguno distinto de su propia y exclusiva voluntad los facilitó, a petición de éste, al también procesado comandante Víctor Z.P., “que al parecer también mantenía o había mantenido algún tipo de relación más allá de la estrictamente profesional con citada funcionaria.
Usando dicha información el segundo de los comandantes, quien había tenido amistad con una funcionaria civil con la cual también tenia relación el sargento afectado, creó dos cuentas de correo electrónico con nombre de mujer perfiles aparentemente femeninos ([email protected] a nombre de «María Mediavilla García» y [email protected] a nombre de «magda magda magda»), desde las cuales envió mensajes de contenido íntimo y sexual al suboficial.
En varios de los cuales insistía en que le remitiera fotografías en las que se le viera la cara y de los que se deduce que el Suboficial ya le había envidado algunas fotografías en las que no mostraba su rostro pero sí enseñaba otra parte íntima de su anatomía”.
El alto tribunal entiende que Víctor Z.P. «se prevalió de su empleo o destino para que el entonces comandante Pablo B.R. le proporcionase los archivos identificadores y las correspondientes contraseñas de acceso al correo electrónico».
Según explica la sentencia, en este caso concurre el elemento del abuso grave, pues no hay duda de que lo es el obtener y facilitar los archivos identificadores y las contraseñas de unos correos electrónicos de terceras personas, mediante los que se puede acceder a sus contenidos con directa afectación a la intimidad y a la vida privada y/o, al menos, sin duda, puede quebrantarse el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constitución).
Además, los hechos probados relatan que efectivamente debido a la tenencia de los archivos y contraseñas el entonces Comandante Z.P. pudo acceder a los buzones de correo electrónico del sargento y la funcionaria y conocer así informaciones y datos relativos a la vida privada de éstas contenidos en correos particulares.
