La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves que los 18 procesados por delitos de malversación de caudales públicos en relación con los ERE, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, devuelvan a la Hacienda Pública andaluza, de forma solidaria, 741,59 millones de euros.
El escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla recoge que los presuntos autores del delito de malversación responderán solidariamente -en caso de ser condenados- de la devolución a la arcas públicas del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E, que se cifra un total de 741.596.545.
A Griñán y a los exconsejeros Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Carmen Martínez Aguayo o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre otros, la Fiscalía pide la devolución solidaria de 483,9 millones de euros por la cuantía del fraude supuestamente cometido entre los años 2005 y 2010.
De los exconsejeros, es Antonio Fernández el que está encausado por el fraude durante todo el periodo 2000-2010 y, por lo tanto, en la devolución solidaria de los 741 millones de euros totales; mientras que a José Antonio Viera le reclama, junto a otros procesados, 257,6 millones de euros correspondientes al lustro entre 2005 y 2010.
Según el escrito de la Fiscalía, todas estas cantidades deberán ser minoradas, en trámite de ejecución, por los siguientes conceptos:
– «Cantidades que hayan sido recuperadas por la Junta de Andalucía en los procedimientos administrativos iniciados al efecto, debiéndose requerir a la Junta de Andalucía a través de su representación en autos para que certifique el total de los importes recuperados de los beneficiarios finales, ejercicio a ejercicio».
-» Por las cantidades recuperadas por el Tribunal de Cuentas de los encausados que resulten ser declarados responsables contables y resto de perceptores directos de los fondos objeto de las presentes actuaciones – programa 31 L , 22 E -.debiendo oficiar al respecto al Tribunal de Cuentas».
– Y por las cantidades que hayan sido recuperadas en la ejecución de las sentencias condenatoria. (CONFILEGAL/EP)
