Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han reivindicado la instauración de los llamados tribunales de instancia –sin nombrarlos como tales-, en los que los jueces unipersonales compartan todos los recursos y la información, así la superación del modelo de los partidos judiciales actuales.
Así lo han expresado en las dos primeras conclusiones, alcanzadas por unanimidad, al finalizar las jornadas de presidentes de TSJ, que han tenido lugar en Logroño entre el lunes 17 y hoy miércoles, 19 de octubre, y que ha clausurado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.
Conclusiones que han sido presentadas por el presidente del TSJ de la Rioja, Ignacio Espinosa, el anfitrión.
“La necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes”, dice la primera, redactada en “lenguaje CGPJ”.
La segunda reza así: “Replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad, en la que la proximidad física de los juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterio fundamental de planificación”.
Con estas dos conclusiones, los presidentes de TSJ asumen las principales reivindicaciones que los Jueces Decanos han venido realizando desde las Jornadas de Vitoria en 2011 y que toman como referencia modelos organizativos operativos en Francia y Alemania.
Reivindicaciones que suponen romper con el modelo organizativo imperante de provincias y partidos judiciales de 1834.
En lo que no han entrado los presidentes de TSJ es quien nombraría a los presidentes de esos tribunales de instancia, que vendrían a suceder a los actuales jueces decanos, que actualmente son elegidos por sus compañeros.
Las máximas autoridades de la Justicia en cada Comunidad Autónoma reclaman un
“un plan nacional de digitalización de la justicia que involucre a todas las administraciones competentes y consiga una planificación más coordinada en los procesos de implantación de la Justicia Digital para evitar las asimetrías detectadas en los distintos Tribunales Superiores de Justicia”.
Asimismo, piden que el diseño del expediente judicial electrónico incluya las necesidades específicas de los jueces y no solo los de las oficinas judiciales.
También que se haya un “replanteamiento drástico de la legislación procesal, que debe regular el proceso –tal y como ordena la Ley 18/2011- tomando como premisa que éste se desarrolla en un entorno electrónico”.
De la misma forma, quieren que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo una valoración del “nuevo entorno digital a efectos de salud laboral con determinación de cargas de trabajo de los integrantes de la Carrera Judicial”.
