La Unión Progresista de Fiscales (UPF) cuestionó ayer los resultados de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha calificado como «una operación de mero marketing ministerial», con el fin de terminar con las «dilaciones indebidas de los procesos penales».
Desde la UPF se han declarado «atónitos» por las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, acerca de los resultados «esperados» que «ya está dando» la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2015, según declaró durante la inauguración de las V Jornadas de Justicia el pasado miércoles en Burgos.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, con la reforma se ha experimentado un descenso de un 41,7 por ciento en los asuntos ingresados en los órganos de la jurisdicción penal en relación con el segundo trimestre del año pasado.
En opinión de la UPF, el motivo de estos datos no es otro que el hecho de que muchos de los atestados policiales sin autor conocido ya no se remiten a los órganos judiciales, «atestados cuya sencilla tramitación antes de la reforma en ningún caso suponía la causa principal del colapso que sufre actualmente la jurisdicción penal española».
Por el contrario, la asociación de fiscales ha argumentado que los jueces de instrucción y los fiscales han visto incrementada su carga de trabajo con el nuevo enjuiciamiento de un buen número de delitos leves que antes de la reforma de 2015 del Código Penal era competencia de los Juzgados de lo Penal.
A esta última circunstancia se añade además «la supresión de los fiscales y jueces sustitutos que cubrían bajas, licencias y excedencias» y «la instauración de un sistema de plazos de instrucción que generó y sigue generando no solo un importante aumento» de sus ocupaciones diarias y «un notable deterioro en las relaciones entre los responsables de su aplicación». EP.
