Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España.
Transparencia Internacional reclama una Ley de protección de los denunciantes de fraude y corrupción
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08/11/2016 07:57
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Actualizado: 07/11/2016 22:24
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Transparencia Internacional España (TI-España) demanda al nuevo Gobierno una ley que proteja a los denunciantes de estos grandes escándalos de fraude y corrupción, para evitar situaciones como la que vive Ana Garrido, exfuncionaria municipal de Boadilla y testigo clave en la trama Gurtel, prácticamente en la indigencia.
En las propuestas que TI-España enviaba hace unos meses a los Partidos políticos de cara a sus programas electorales se recoge la necesidad de incentivar y proteger tanto en el sector privado, como a los funcionarios en el sector público, que se atrevan a denunciar casos de fraude o corrupción, de forma que ello pueda contribuir a conocer por parte de la sociedad y las autoridades judiciales los casos que puedan existir al respecto, sin que los denunciantes puedan sentirse vulnerables o amenazados por su actitud de denuncia.
En opinión de Jesús Lizcano, presidente de esta organización en nuestro país “resulta tan necesario como urgente que en España haya una Ley de protección de denunciantes, que haga realmente posible una efectiva protección a todos aquellos ciudadanos que se atrevan a denunciar posibles casos de corrupción.
Es por ello que desde Transparencia Internacional venimos proponiendo de forma continuada a los Partidos políticos que promuevan parlamentariamente y aprueben una Ley integral de protección de denunciantes en nuestro país, basada en estándares internacionales, y que incluya los principios propuestos por nuestra organización y por el Consejo de Europa”.
Para el presidente de TI-España es fundamental que en este contexto es igualmente esencial que los medios de comunicación puedan ser libres para publicar información de interés público sin acosos ni sanciones legales. “Es muy importante que los ciudadanos que conozcan o tengan evidencias o indicios claros de hechos constitutivos de fraude o de corrupción, no se sientan amenazados en su integridad laboral, profesional o personal al plantearse la decisión de denunciar por la vía administrativa o judicial esos hechos ilegales”.
Desde esa perspectiva, a juicio de Lizcano, como de otros expertos “por tanto resulta necesario que la ley proteja la confidencialidad de estos denunciantes y que las correspondientes autoridades puedan así recibir la información que poseen para poder así ejercitar las comprobaciones oportunas, y en su caso el inicio de los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales de cara a sancionar, en su caso, estas conductas corruptas”.
Lizcano subraya que “resulta además fundamental que tanto en el sector público, en relación con los funcionarios y empleados públicos, como en el sector privado y empresarial, se apoye a los denunciantes de irregularidades. En este sentido Transparencia Internacional viene manteniendo una actitud de colaboración y de compromiso constructivo con los gobiernos y el sector privado en los diferentes países”.
Normativa aprobada en Castilla-Leon que protege a funcionarios, pionera en España
Por otra parte, y en relación con la reciente aprobación por parte de las Cortes de Castilla y León de la Ley que regula las garantías de los funcionarios que informen sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración autonómica, TI-España considera que dicha ley supone un paso importante, aunque insuficiente, en el ámbito de la protección de denunciantes de corrupción en nuestro país.
TI-E valora esta Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción como positiva, por ser la precursora a nivel nacional, destacando también como positivos algunos puntos de dicha norma, como son la garantía de confidencialidad de la identidad del denunciante durante la tramitación del procedimiento y la prohibición de remoción del cargo del denunciante durante la sustanciación de las actuaciones.
Sin embargo, a juicio de los dirigentes de esta organización esta ley adolece de ciertas limitaciones o deficiencias, tales como que no se haya designado un órgano independiente para tramitar las denuncias o que se imponga un régimen severo de sanciones ante la posibilidad de denunciar informaciones infundadas. Igualmente, TI-E valora desfavorablemente que no se haya realizado un mayor esfuerzo por incluir la cobertura de los costes de la defensa jurídica del denunciante.
Desde esta organización se insiste en que la norma es un paso positivo, si bien insuficiente, sobre todo en lo que refiere al establecimiento de medidas de protección para el denunciante, que resultan escasas e incompletas, así como también en lo relativo al ente encargado de tramitar las denuncias, que debería ser autónomo y contar con una dotación de recursos propia.
De igual forma, TI-España recuerda a las fuerzas parlamentarias interesadas en promover una legislación de protección de denunciantes a nivel estatal, que los hechos o conductas denunciables en materia de corrupción no son exclusivos del sector público, sino que ocurren también en el sector privado, usualmente tras la interacción entre ambos. En este sentido, se considera que se deben emitir adicionalmente criterios orientadores claros para que el sector privado pueda regular internamente esta materia.
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