El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha defendido el acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi y la transferencia de la competencia sobre política penitenciaria al Gobierno vasco, al considerar que, tras el cese del terrorismo de ETA, no tiene «sentido» mantener las mismas políticas que cuando la banda permanecía activa.
Pallín ha participado este lunes, en Vitoria, en unas jornadas organizadas por Sare, la red de apoyo a presos de ETA, en las que también ha intervenido el abogado de la izquierda ‘abertzale’ Iñigo Iruin y a la que han acudido, como público, los exdirigentes de la banda Joseba Urrusolo Sistiaga y Carmen Gisasola, excarcelados en 2016 y 2014, respectivamente, tras cumplir sus condenas y acogerse a la llamada ‘Vía Nanclares’ de reinserción.
La sesión de este lunes de las jornadas, que seguirán el martes y el miércoles, se ha centrado en la política de dispersión, el ‘doble cómputo de penas y la legislación ‘de excepción’.
En declaraciones a los medios de comunicación, Pallín ha recordado que la ley penitenciaria establece la conveniencia, «que no la obligación, de que los presos estén en lugares cercanos a sus familiares, por muchas razones obvias».
No obstante, el magistrado emérito del Supremo ha recordado que en el caso de los presos de ETA se optó por no atender a esta recomendación, aplicándoles la política de dispersión por unos criterios «policiales o de inteligencia».
Pallín ha destacado que en estos momentos, tras el cese de la actividad terrorista de la banda, «no tiene sentido ni justificación alguna» mantener esta política, por lo que ha afirmado que le gustaría que «algún ministro o persona responsable» de esta materia explicara «por qué» se sigue aplicando.
SIN CAMBIOS
El magistrado emérito no prevé que esta situación pueda cambiar pese a la situación de minoría del PP en el Congreso de los Diputados, puesto que no cree que el PSOE o Ciudadanos vayan a «obligar» a cambiar en esta materia al Gobierno de Mariano Rajoy.
Por otra parte, se ha mostrado partidario de que el Ejecutivo central atienda a la petición del Gobierno vasco y traspase a Euskadi las competencias de política penitenciaria, tal y como está recogido en el Estatuto de Gernika. Pallín ha recordado que estas políticas ya fueron transferidas a Cataluña «hace muchos años» y que, en el caso de Euskadi, esto no se hizo por la existencia de ETA.
Sin embargo, ha destacado que tras el cese del terrorismo de la banda la situación «ha cambiado de forma sustancial», por lo que la política «también debe cambiar». De esa forma, ha destacado que si el Gobierno vasco está dispuesto a asumir esta competencia y a invertir lo necesario en ella, se debería proceder al traspaso.
A su juicio, esta materia debería traspasarse a cualquier comunidad autónoma que lo solicitara, puesto que de esa forma sería mas fácil desarrollar nuevas políticas y avanzar en el objetivo de la «reinserción» de los reclusos. «Merece la pena», ha indicado.
Pallín también ha mostrado su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la norma europea sobre acumulación de penas, que permite descontar a los reclusos los años de condena cumplidos en otros países de la Unión Europea. La no aplicación de esta norma en el Estado español ha impedido que varios presos de ETA fueran excarcelados.
El magistrado emérito ha cuestionado los argumentos del Supremo para «resistirse» a aplicar este criterio, al considerar que el Alto Tribunal no ha aportado argumentos «sólidos». (EP)
