La Comisión de Calidad Democrática contra la Corrupción y de Reformas Institucionales y Legales, el órgano ‘estrella’ del Congreso en materia de anticorrupción, se constituyó hace dos meses pero aún no ha empezado a funcionar porque los grupos no se ponen de acuerdo en qué temas deben centrar los primeros debates.
Desde su constitución, el pasado 28 de septiembre, el órgano que preside el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, no se ha reunido y únicamente han celebrado encuentros los miembros de la Mesa y los portavoces para trazar su plan de trabajo.
Cantó es partidario de que esta comisión, que no tiene carácter legislativo, funcione mediante subcomisiones (grupos de trabajo a puerta cerrada donde comparecen expertos para ilustrar a los diputados sobre distintos temas y que después elevan sus conclusiones al Pleno).
NI EL MÉTODO
En principio los grupos aceptaron este método, pero, ante la proliferación de peticiones para crear subcomisiones en otras áreas, el Congreso se ha visto obligado a poner orden y, entre las ocho que los grupos han decidido activar en primer lugar, no hay ninguna de las que habría de crearse en la Comisión de Calidad Democrática.
Por eso, fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, asumen que todo indica que se van a ver abocados a revisar sus planes y todo esto unido a que aún no han sido capaces de establecer cuáles son los primeros asuntos que tienen que abordar.
En principio, había un acuerdo para que la primera subcomisión que querían poner en marcha se ocupara de tres temas: contratación pública, protección de los denunciantes de corrupción y creación de un observatorio preventivo de esta lacra.
Sin embargo, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó sendos proyectos de ley para trasponer dos directivas europeas sobre contratación pública que se van a tener que tramitar en la Cámara. Eso llevó a Cantó a sondear a los grupos el pasado martes, con la idea de orillar ese asunto y sustituirlo por otro.
NI EN EL CONTENIDO
Todos se mostraron de acuerdo en dejar ese tema a un lado, pero surgieron discrepancias sobre qué otro tema debía incluirse en esa primera subcomisión. Así, mientras PP y Ciudadanos propusieron abrir el debate sobre la financiación de los partidos políticos, el PSOE, Unidos Podemos y los grupos minoritarios apostaron por centrarse en revisar el sistema de nombramientos de los órganos reguladores y constitucionales.
El desacuerdo se ha evidenciado este jueves en la reunión, ya de carácter formal, celebrada por la Mesa y los portavoces de la comisión, donde, lejos de registrarse avances, se ha retrocedido, según asistentes a la cita.
Y es que, PP y Ciudadanos han dado marcha atrás y han defendido retomar el asunto de los contratos públicos, mientras que el resto ha insistido en que habría que centrarse en lo relativo a los órganos cuyos miembros con elegidos por el Parlamento (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central y RTVE) o al menos tienen que pasar un examen parlamentario (fiscal general del Estado, CNMV, Comisión de la Competencia, Agencia de Protección de Datos y Consejo de la Transparencia, entre otros).
Así, ante la imposibilidad de avanzar, los grupos prevén someter el asunto a votación en una reunión de la comisión prevista para la penúltima semana de diciembre. Si todos mantienen sus posturas y no se logra antes un acuerdo, el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y la antigua Convergència sumarían mayoría para imponer su criterio. (EP)
