El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) expresa su preocupación ante las devoluciones en caliente realizadas el pasado 01 de enero en la valla de Ceuta, fecha en la que más de un millar de personas intentaron entrar en España saltando el perímetro fronterizo.
Un vez más, la Abogacía Española recuerda en un comunicado «que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada«. En este sentido reitera «todo procedimiento de devolución o de rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional aplicada en España, y en consecuencia, seguir el ‘principio de no devolución’«.
Las devoluciones en caliente incumplen las leyes internacionales y la propia ley española de extranjería.
La ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional, y dificulta la atención sanitaria que requieren.
Para la Abogacía Española resulta inexplicable que, pese a las «reiteradas advertencias realizadas por el Consejo de Europa a lo largo de 2016 en relación a este tipo de prácticas, se sigan cometiendo irregularidades ya denunciadas».
Según Amnistía Internacional, España cuenta «con el dudoso honor» de situarse en un grupo de países como Bulgaria, Hungría y Turquía, que llevan a cabo «expulsiones en caliente», que están prohibidas por el derecho internacional y que impiden que personas que huyen de la guerra y la persecución accedan a la protección internacional.
Por ello, la Abogacía muestra «su preocupación por todas las personas que sufrieron lesiones y fueron expulsadas a Marruecos, donde se desconoce si han recibido la atención médica necesaria, y exige el cese inmediato de este tipo de prácticas que conculcan derechos fundamentales de las personas».
