La Audiencia Provincial de Madrid celebra este martes el juicio por el denominado ‘caso Guateque‘, con 34 acusados en el banquillo y diez años después de que se produjeran los hechos, ocurridos durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la Alcaldía de Madrid.
El Ministerio Público solicita una pena conjunta de 250 años de prisión para los 34 procesados por formar, supuestamente, una trama de corrupción dedicada a acelerar la tramitación de licencias administrativas en el seno del Ayuntamiento de Madrid.
A los acusados se les atribuye, según cada caso, delitos de cohecho, delitos continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Está previsto que la vista oral del este juicio se desarrolle hasta el próximo mes de mayo. Para su celebración se han señalado 60 sesiones que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves de cada semana.
Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.
En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.
UN TOTAL DE 34 IMPUTADOS
Tras concluir la investigación, el instructor acordó levantar la imputación de un total de 45 personas. Entre ellas destacaba la mujer del exconsejero del Gobierno regional e imputado en el ‘caso Gürtel’ Alberto López Viejo. Estaba imputada por la concesión de una de las licencia del restaurante que regenta en el distrito Retiro.
En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para uno de los presuntos cabecillas. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.
Otro de los supuestos cerebros era Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa ahora un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión.
Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios. (EP)
