Se cumple el viejo dicho castellano, una vez más: A perro flaco todos son pulgas. Esta vez ha tocado a los Juzgados de Legales, población a 8 kilómetros al sudoeste de Madrid. La Policía Local se vio obligada a acordonar la zona exterior al haber peligro de desprendimientos de la fachada.
La causa ha sido una gran grieta vertical, sobre la que la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía tenía conocimiento desde hace un año- y que se ha venido agrandado en los últimos meses.
También está afectado el sector de los despachos del decanato.
Según el sindicato CSIF, no es la única deficiencia. El pasado mes de junio se denunció el estado de los calabozos, que se inundaban con gran frecuencia, generando situaciones de insalubridad.
Precisamente, el juez decano, Rafael Rosell, apuntaba, en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) «deficiencias notables de seguridad, de estabilidad y de estanqueidad».
La Comisión Interasociativa Judicial de Madrid (CIM), que reúne a las cuatro asociaciones de Jueces (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) hizo ayer publico un comunicado informando del desprendimiento de elementos arquitectónicos de los Juzgados y de la aparición de grietas y fisuras en las paredes del edificio, lo que obligó a clausurar provisionalmente la puerta principal de acceso al edificio.
Hasta el lugar se trasladó, de forma inmediata, el presidente del TSJM, Francisco Vieira, quien en compañía del juez decano Rosell, vio con sus propios ojos lo ocurrido.
También acudieron técnicos de la Consejería de Justicia para estudiar los daños.
La CIM, en este sentido, hizo un llamamiento para que la Comunidad de Madrid tome las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores y para que se adopten las medidas necesarias inmediatas para atajar los graves problemas que aquejan a dichos Juzgados.
Garrido reconoció que los edificios judiciales estaban peor de lo que pensaba
El titular de la cartera de Justicia -competencia transferida desde el Gobierno central a la Comunidad de Madrid-, Ángel Garrido, reconoció en la entrevista publicada esta semana por Confilegal que «La justicia madrileña está mal y sus infraestructuras peor de lo que pensábamos».
La Consejería es la responsable última del mantenimiento de las 71 sedes judiciales de la Comunidad, en las que trabajan 7.000 funcionarios de carrera e interinos.
Garrido anunció que el 13 de febrero hará público un plan de choque para que salga de la situación en que se encuentra en estos momentos.
El caso de los Juzgados de Leganés es un recordatorio más de que esta decisión ya es inaplazable.
