La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han lamentado el intento de presión al tribunal con la concentración contra el juicio del expresidente de Cataluña Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega y la exconsejera de Educación, Irene Rigau, por la consulta independentistas del 9N.
Desde la Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han mostrado su «firme rechazo» a las concentraciones ante el Palacio de Justicia en la celebración del juicio. E indican que «no es, como interesadamente se ha repetido una y otra vez, ni un juicio a la democracia ni un juicio por poner la urnas el 9N de 2014, sino la acusación por desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional«.
Además, subrayan que la Generalitat de Cataluña ha empleado su «posición de preeminencia» sobre los empleados públicos para pedir públicamente que participaran en las citadas concentraciones ante el Palacio de Justicia.
Para Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria «Esto es un intento de presión», y ha advertido a los concentrados que deseo y realidad no van de la mano en esta ocasión. «Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se va a conseguir», ha señalado y destacado que el tribunal no cederá al chantaje moral.
También la portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha censurado este «intento de presión e injerencia» y espera que el CGPJ ampare a los magistrados que sufren esta situación ya que a veces «se encuentran solos» y para que «puedan desempeñar su función de la forma más libre posible».
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Desde la APM también aseguran que se trata de un «intento de deslegitimar la actuación del Poder Judicial con carácter previo a la adopción de su decisión». Llegando a afirmar en en los medios de comunicación y en las redes sociales que se trata de “un juicio político”, de “un juicio a la democracia”, o de “un juicio franquista auspiciado por un GAL político”.
Aunque aseguran que «La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado Democrático de Derecho«. Y en este sentido, «El Poder Judicial es garantía de la democracia y de las libertades de todos los ciudadanos, y que la celebración de un juicio, por ser el acto en el que se concitan las diferentes posiciones sobre unos hechos acaecidos, es la expresión máxima de la materialización de aquellas garantías».
Desde la Francisco de Vitoria reclaman además, el apoyo «moral e institucional» del Consejo General del Poder Judicial en defensa de los magistrados y contra este tipo de injerencias en su independencia.
AMONESTACIÓN DEL TRIBUNAL
Según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el tribunal encargado de juzgarles puede amonestar a los acusados si considera que su actitud ha supuesto una perturbación del orden del juicio.
Concretamente hoy, la manifestación de apoyo a los acusados ha perturbado el inicio de la vista oral, que ha comenzado con un retraso de media hora
La citada norma en su artículo 191 y posteriores, recoge que los que «los que perturbaren la vista de algún proceso, causa u otro acto judicial, dando señales ostensibles de aprobación o desaprobación, faltando al respeto y consideraciones debidas a los jueces, tribunales, Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, secretarios judiciales, médicos forenses o resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, serán amonestados en el acto por quien presida».
Además, el presidente del tribunal puede, también, aplicar multas si considera que se ha faltado a la consideración, respeto y obediencia debida.
