La Plataforma del Tercer Sector y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad celebraron esta semana la primera reunión ordinaria del año de la Comisión para el Diálogo Civil, principal instrumento de interlocución entre el Tercer Sector de Acción Social y la Administración General. Se reanuda así la dinámica de encuentro de este órgano después del parón de 2016.
A ella asistió la ministra Dolors Montserrat y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, a quien acompañaron todos los directores generales y delegados del Gobierno del departamento. La delegación de la Plataforma estuvo encabezada por su presidente, Luciano Poyato, sus vicepresidentes y el secretario general de la Comisión Permanente.
La Comisión para el Diálogo Civil (CDC) se creó en 2013 para posibilitar que las entidades sociales formen parte activa en el diseño y ejecución de las políticas que afectan, de una u otra manera, a la sociedad y, en especial, a las personas más vulnerables.
Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector es el interlocutor reconocido para plantear, en el seno de esta Comisión, las necesidades sociales al Gobierno y dar soluciones a las cuestiones que afectan a los millones de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza en España. Actualmente, está integrada por veinte organizaciones por medio de las cuales representa a cerca de 30.000 entidades del ámbito social.
En estudio crear la tarjeta social
Durante la sesión, los representantes de la Secretaría de Estado y de la Plataforma del Tercer Sector abordaron diversos asuntos de interés social, como la puesta en marcha de la llamada “tarjeta social” o las vías de impulso previstas para el desarrollo de la Ley del Tercer Sector y de la Ley del Voluntariado. Además, realizaron un balance de los diez años de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley de dependencia).
La sostenibilidad financiera del sector, en especial en relación al modelo de subvenciones asociadas al 0,7% de IRPF que se destina a actividades sociales, fue uno de los puntos centrales de análisis y debate. La ministra y el secretario de Estado manifestaron la urgencia de encontrar una salida que, lejos de la transitoriedad, ofrezca estabilidad al Tercer Sector en el desarrollo de su trabajo.
Para ello, se ha constituido un grupo de trabajo específico en el seno de la Comisión que analizará en los próximos días posibles vías de solución. Cualquier opción que se busque, dijeron, “acatará escrupulosamente la sentencia del Tribunal Constitucional, respetará el reparto de competencias territorial y garantizará la solidaridad y la cohesión social”.
Buscar una manera de financiación
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, señaló a este respecto, en nombre de la entidad que preside y de las organizaciones a las que representa, que “el foco del sistema de distribución de fondos del IRPF debe ser la persona, atender a quien más lo necesita”.
Por ello, afirmó, “desde la Plataforma del Tercer Sector hacemos una apuesta clara y decidida por un sistema que ofrezca garantías de continuidad y estabilidad al Tercer Sector”. “Debemos superar, en este sentido, soluciones transitorias que generen incertidumbre e inseguridad en el diseño, implementación y ejecución de proyectos sociales”.
El Tercer Sector, continuó, “constituye un pilar clave para el desarrollo de la sociedad”, y por ello “ofrecemos al Ejecutivo nuestra máxima colaboración para avanzar hacia un modelo que responda a la necesidad de equilibrar y favorecer la igualdad, la justicia y el ejercicio de los derechos sociales de todas las personas”.
En esta reunión también se ratificó el grupo de trabajo encargado del desarrollo de la Ley del Tercer Sector y se ha presentado por parte del Ministerio una propuesta de Real Decreto por el que se regule la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
Respecto a la cuestión de la llamada ‘tarjeta social’, el Gobierno ha emplazado al Tercer Sector a trabajar juntos en su desarrollo. Desde la Plataforma se ha solicitado información que nos permita hacer una valoración general de la actuación y se manifestó el interés de que pudiera ser una ‘tarjeta de ciudadanía’, en la que no sólo se recogiera servicios o asistencias sino derechos y oportunidades.
