Históricamente el turno de oficio era una carga social que la abogacía, clase privilegiada a la que se presumía riqueza, pero la realidad de la abogacía es que no so somos ninguna clase privilegiada y que la precariedad y la pobreza por diversos factores sociológicos.
En 1996 logramos que se retribuyesen las actuaciones profesionales del turno de oficio, pero no logramos que se entendiese que los abogados tenemos derecho a cobrar honorarios profesionales y no subvenciones o indemnizaciones que, en todo caso, debería entenderse al beneficiario, no al profesional, como erróneamente se viene entendiendo.
Año tras año la abogacía institucional ha negociado a la baja, y en perjuicio las míseras retribuciones del turno de oficio y de nuestros derechos, y ha permitido que lleguemos a una situación en la que, incluso, desde muchos juzgados y comisarías se informaba que al abogado de oficio no había que pagarle, como si no hubiese que hacer nada, convirtiendo a la Ley de Justicia Gratuita en una auténtica desconocida para operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, funcionarios y ciudadanos.
Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien reconozca que tenemos derecho a percibir honorarios profesionales y que esos servicios en tanto que el turno de oficio es una prestación onerosa, está sujeta a IVA. Esto, por tanto, es algo que no depende del Gobierno de España, sino de una Europa que no quiere esclavos sino profesionales adecuadamente retribuidos.
La abogacía institucional, únicamente preocupada por lavar su imagen y por lo que no es más que postureo, vacío de contenido, se ha dedicado a publicar la foto con los ministros de Economía y de Justicia para pedir que el turno de oficio no este sujeto a IVA. Pero no se les ha oído reivindicar en nombre de la abogacia española, ni de ninguna comunidad, que se nos retribuya adecuadamente tampoco y exigir el pago de honorarios profesionales dignos, más el 21 por ciento de IVA, que es lo que debe exigirse por parte de los colegios de abogados de españa.
Una exención del IVA no es posible. No beneficia a la abogacía, pues es renunciar a que se nos paguen honorarios profesionales dignos.
Lo que la abogacía española debe lograr es que se nos retribuya adecuada y dignamente y que se page el iva a parte y no que el caramelo de quedarse con nuestro 21 % sea el centro de la batalla política actual.
Desde Altodo Cataluña, solicitamos la convocatoria de una Junta Extraordinaria urgente y apoyamos la convocatoria de una huelga general en toda españa, pero con el objeto de que se paguen honorarios profesionales dignos más el 21 por ciento de IVA.
