Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) manifiesta una «profunda inquietud por las noticias salidas en prensa en las últimas semanas, que ponen de manifiesto la existencia de posibles injerencias externas en los nombramientos y la toma anticipada de decisiones sin oir al órgano asesor legalmente previsto, el Consejo Fiscal».
Así lo subraya en un comunicado, el que ha tenido acceso Confilegal, y en el que expresa también la necesidad de «un cambio en el Consejo Fiscal», donde «tengan cabida todas las opciones de la carrera y estén debidamente representadas todas las categorías profesionales». Para que sea entendido «como un servicio a la Carrera, eliminando toda sospecha de uso para fines personales«.
Asimismo, reclamen el establecimiento de un haremos de méritos que otorgue «objetividad a los nombramientos«. Es preciso nombrar «por criterios objetivos que permitan desterrar la afinidad, el amiguismo o la orientación política de cada uno», aseguran.
Por ello, consideran imprescindible «dotar al sistema de designación de la necesaria transparencia y publicidad«.
Desde la APIF insisten en que defienden «la necesidad de un justicia independiente del resto de los poderes del Estado«. Y, dadas las «importantes funciones encomendadas al Ministerio Fiscal hacen necesario dotar a la Institución de la autonomía necesaria para el debido desarrollo de las mismas, sin ninguna injerencia».
PRESIONES A MADRIGAL, SEGÚN EL DIARIO EL MUNDO
Precisamente, este lunes, el diario El Mundo, publica una información en la que asegura que el Gobierno explicó a la fiscal general de entonces, Consuelo Madrigal, que eran necesarios cambios en varias de las plazas de la cúpula fiscal pendientes de renovación. Conforme avanzaban los encuentros, el interés mostrado por el Gobierno se fue centrando en ciertas plazas. Las conversaciones incluían las más delicadas: las jefaturas de Anticorrupción y Audiencia Nacional.
Según este diario, también se incluían otras como el jefe de la Unidad de Apoyo -clave en las relaciones entre la Fiscalía y el Ministerio- y la jefatura Superior de Murcia.
