El Ministerio de Justicia confía poder implementar un sistema de gestión procesal común en todo el territorio español en esta legislatura. Para ello, cuentan con un presupuesto de 27 millones de euros. Ahora solo tienen que lograr que todas las Comunidades Autónomas, apoyen un proyecto que, desde el departamento que dirige Rafael Catalá, consideran «estratégico».
Hasta ahora, cada comunidad autónoma con competencias en la Administración de Justicia ha puesto en funcionamiento su propio sistema de gestión de los procedimientos judiciales. Existen 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, “ni se hablan” entre sí.
Sin embargo, desde Justicia quieren que esto cambie. Que los sistemas se «armonicen» y se unifiquen.
Fuentes de Justicia han explicado que el presupuesto del departamento para 2017 destina 27 millones de euros para la creación de este sistema procesal que «no partirá de cero» puesto que aprovechará lo mejor de cada una de las herramientas digitales que tienen las autonomías, como es el caso de Cataluña, con ejusticia.cat.
Justicia ha llegado a esta conclusión tras analizar un informe de una consultora que señala que ninguna las plataformas de gestión procesal autonómica posee la «robustez suficiente ser el sistema de futuro» y, por lo tanto, para ser trasladada al resto del territorio español.
Por eso buscan algo nuevo, que mejore lo que ya existe.
Al parecer la propuesta ya ha sido trasladada a los consejeros autonómicos sin que ninguno de ellos haya manifestado hasta el momento su oposición a la misma, de ahí que el Ministerio confíe en su aceptación por parte de todas ellas, más aun cuando existe una partida presupuestaria para este fin, según se desprende de los presupuesto para el 2017.
La intención de Justicia es asumir la mayor parte del coste del proyecto y negociar la puesta en marcha del sistema con el resto de comunidades, una vez se aprueben las cuentas de este año, lo que previsiblemente ocurrirá en junio. «Contar con financiación para poder hacer las cosas ayuda», insisten desde Justicia.
El Ministerio espera liderar este proyecto porque, con cinco Comunidades Autónomas, representa el 20 por ciento de la Administración de Justicia.
Se da la circunstancia de que el calendario que maneja el Ministerio coincide con la hoja de ruta trazada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para la convocatoria de un referéndum de independencia. Sin embargo, desde Justicia insisten en no creen que el plan de desconexión de Cataluña, ni la actual «coyuntura política» afecte a este proyecto que se enmarca dentro de la transformación digital. «Los consejeros quieren la justicia funcione en sus Comunidades Autónomas. Todos servimos a los ciudadanos», insisten.
Para el diseño y la implementación de este proyecto común de gestión procesal, Justicia asumiría el coste inicial, mientras las comunidades serían las encargadas de los gastos de mantenimiento del sistema.
Aún así, fuentes de Justicia han subrayado que hay que convencer a todas las Comunidades Autónomas con «datos y hechos». Y también hay que asegurarles que «el coste será menor de lo que se gastan ahora en mantener su propio sistema».
Este proyecto debe ser cofinanciado por el Ministerio y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
