Soraya Rodríguez, diputada del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. (Congreso)
Soraya Rodríguez recuerda a Lesmes la «obligación constitucional» de comparecer en las comisiones de investigación
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06/4/2017 16:59
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Actualizado: 06/4/2017 22:15
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La diputada del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha aprovechado este jueves el Pleno donde se debatían las propuestas de resolución de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, para «recordar» al CGPJ que «Ningún ciudadano español necesita autorización para cumplir una obligación constitucional, como es acudir a una comparecencia de una comisión de investigación».
Soraya Rodriguez ha señalado que no hubiera sido preciso aprobar esta enmienda, que ha contado con el respaldo mayoritario de la Cámara, si recientemente no «hubiéramos vivido un alto riesgo de llegar a un conflicto constitucional entre los dos poderes del Estado: Poder Judicial y Poder Legislativo, en relación a la solicitud de comparecencia del magistrado Daniel Alfonso«.
El magistrado Daniel Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), obtuvo la autorización de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para comparecer ante la comisión de investigación del Congreso sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para perseguir a independentistas.
Una autorización que desde el PSOE creen que no era necesaria. Rodríguez le ha recordado a Carlos Lesmes que es «una obligación no excusable». «Es una obligación constitucional que no está sometida a autorización del Consejo General del Poder Judicial, sino indudablemente a su obligada comunicación al Consejo. Para que éste de permiso para ausentarse por el tiempo necesario para comparecer, pero no autorización para comparecer a la misma».
La enmienda del Grupo socialista es una adición a la resolución 27 del Partido Nacionalista Vasco, y en ella recuerdan que «el artículo 76.2 de la Constitución Española y su concreción en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un artículo que establece la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado, una obligación que no puede ser excepcionada por la condición de quien es llamado a estas comisiones, ya sea miembro del Gobierno, miembro del Parlamento o forme parte del Poder Judicial».
Según ha expuesto la diputada socialista en su intervención en el Pleno del Congreso, «en este último caso solo hay una excepción, también establecida por ley. Esa comparecencia ante una citada comisión de investigación no podrá versar sobre datos o declaraciones que se refieran a su función jurisdiccional».
«Es bueno recordar al presidente del CGPJ los términos de este artículo y que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, no está dispuesto a que en otra situación se produzcan unos intentos de no comparecencia por parte de un miembro de la carrera judicial», ha concluido Soraya Rodríguez.
La semana pasada, antes de la comparecencia del magistrado Daniel Afonso, Lesmes, envió una carta al Congreso de los Diputados para recordar que esa citación está sujeta al marco legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según la cual no podía responder a cuestiones que afectan a su jurisdicción y que, según el artículo 399.1 de esa norma, puede contestar preguntas por escrito o en su despacho.
Sin embargo, según fuentes parlamentarias, la Cámara Baja respondió a esta misiva recordándole que las citaciones para una comisión de investigación parlamentaria suponen «un mandato imperativo».
Tras este intercambio epistolar, la citada Comisión Permanente del CGPJ, autorizó la comparecencia del magistrado. Recordaba en su autorización que “La interpretación conjunta del citado artículo 76.2, en relación con el artículo 117.1 de la Constitución, y el debido respeto a la inmunidad judicial, como elemento integrante, inescindible y no disponible de la independencia judicial, exige modular dicha comparecencia cuando se trata de jueces y magistrados».
Aunque puntualizaban también que el magistrado había manifestado su deseo de acudir voluntariamente para facilitar datos o declaraciones que no se refieran a su cargo y función y ha recalcado que el permiso se otorga por el tiempo indispensable para efectuar la comparecencia.
EL PLENO HA APROBADO 96 RESOLUCIONES A LA MEMORIA DEL CGPJ
En su sesión de hoy, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 96 resoluciones a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondiente al año 2015, que recientemente presentó el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Desde el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 13 propuestas de resolución que han sido finalmente todas aprobadas. Entre ellas mejorar el tiempo de respuesta en la resolución de las causas, mediante la especialización, cambiando las normas de reparto e impulsando la dotación presupuestaria o mejorar los servicios prestados por las Unidades de apoyo a la Violencia de Género y Violencia contra la mujer.
Además, insta al CGPJ a que promueva la mediación intrajudicial en la actividad de jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia y a informar a la Subcomisión para el estudio y definición de una estrategia nacional de Justicia sobre los trabajos respecto a un nuevo modelo de carrera judicial.
El Grupo Socialista ha presentado 13 proposiciones de resolución, que han resultado todas aprobadas. Entre otras cuestiones, insta al CGPJ a garantizar la transparencia en el reparto y asignación de causas, analizar las estadísticas sobre violencia de género que emanan de los juzgados y adopte medidas en aquellos juzgados en los que las órdenes de protección están muy por debajo de la media.
Además le exigen que presente al Congreso un estudio en el que se analice si existe relación entre la denegación de órdenes de protección y la renuncia de las víctimas a seguir con el procedimiento.
Este grupo plantea también en sus propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial convocar plazas de acceso a la carrera judicial y garantizar una presencia de mujeres suficiente en los órganos de gobierno de juzgados y tribunales.
Y también instan al Consejo a que «establezca medidas organizativas para la celeridad y eficacia en las resolución de los procedimientos de desahucios».
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado 22 propuestas de resolución a la memoria del CGPJ de las que se han aprobado 20. El grupo ha solicitado tomar las medidas necesarias para evitar la politización de la justicia y salvarguardar los criterios de igualdad, capacidad y en igualdad de méritos en preferencia de las mujeres en el acceso a la cúpula judicial.
Además, solicita definir reglamentariamente las cargas de trabajo de jueces y magistrados, reforzar los programas y seminarios sobre Derechos Humanos y con especial atención sobre procedimientos en el marco regulador a la memoria histórica así como crear «salas amables» para el acceso independiente y separado para mujeres y menores en caso de violencia de género o explotación de menores.
El Grupo de Ciudadanos ha presentado 18 propuestas de resolución de las cuáles se han aprobado 16. Entre ellas, solicita implementar medidas para reducir la duración media de los procedimientos seguidos ante el Tribunal Supremo o velar por la formación especializada en áreas de contenido multidiciplinar como el bullyng.
Además, pide poner fin a las disfuncionalidades de Lexnet y la falta de compatibilidades entre sistemas y aplicaciones informáticas; potenciar la mediación como método alternativo de resolución de conflictos o velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer la función de jurado sin discrimición.
Desde Esquerra Republicana han presentado 12 propuestas de resolución, de las que finamente han sido aprobadas 7, entre las que se encuentran instar al CGPJ a tomar medidas con el fin de tender a la paridad entre hombre y mujer, aplicar los cambios necesarios para dar respuesta al nuevo modelo organizativo de la Oficina Judicial, amparar a los miembros de la carrera judicial que afecte a su independencia o definir los perfiles de los puestos a cubrir a través de un procedimiento transparente.
Por su parte, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) ha presentado 24 propuestas de resolución, de las que se han aprobado 14. Entre ellas se encuentra instar al CGPJ a que remita a la Cámara Baja un diagnostico de las deficiencias de la Justicia y las medidas para remediarlas, o a que refuerce la protección de las mujeres y sus hijos menores en las causas de violencia de género.
El Grupo Mixto, concretamente el PDeCAT, ha presentado 26 propuestas de resolución, de las que han sido aprobadas 13, entre las que se encuentran instar al CGPJ a trabajar conjuntamente por la despolitización de la Justicia, crear plazas de jueces para dar respuesta con mayor agilidad a los procesos judiciales, a evaluar las necesidades extraordinarias de carga de trabajo provocadas por demandas judiciales masivas como las cláusulas hipotecarias abusivas o a que garantice una Justicia igual para todos.
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