En el encuentro han participado los presidentes de Ciudadanos, Albert Rivera y de Podemos Pablo Iglesias, además de más de una decena de portavoces económicos.
Consenso generalizado sobre la necesidad de un régimen sancionador que frene la morosidad empresarial
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23/4/2017 04:58
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Actualizado: 22/4/2017 19:36
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La “cumbre” organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebrada este jueves fue el escenario perfecto para el debate y los compromisos para con la sociedad civil, después de que hace unas semanas el Congreso de los Diputados aprobara, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición No de Ley que contiene medidas contra la morosidad.
En el encuentro han participado los presidentes de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Podemos, Pablo Iglesias, además de más de una decena de portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios.
El compromiso se ha extendido a que en la Ley de Contratación Pública -que se está tramitando- no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor, y que se aprueben las enmiendas que la PMcM, PIMEC y CEAC presentaron a los diferentes grupos parlamentarios
Esperanza para las miles de pymes y autónomos que sufren en sus carnes el problema cuasicrónico de la morosidad. Una lacra que ha generado muchos problemas en la supervivencia de nuestro tejido empresarial. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha conseguido, en su IV Cumbre Político-Empresarial, un gran pacto con los partidos y los grupos del arco parlamentario para poner ya en marcha el régimen sancionador. Veremos si en la práctica se comprometen y se lleva a cabo.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
Los partidos políticos coincidieron en sus intervenciones en que es necesario que haya un consenso unánime para instaurar un régimen sancionador con el que empezar a multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por ley, una propuesta que todos ellos ya incluyeron en sus últimos programas electorales y que se erige como una de las reivindicaciones clave en el planteamiento de la PMcM.
Para el presidente de esta Plataforma Empresarial, Antoni Cañete, “un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
En su opinión, “la cumbre ha sido un escenario perfecto para el debate y los compromisos para con la sociedad civil”, después de que hace unas semanas el Congreso de los Diputados aprobara, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad.
El texto también incluía que la nueva Ley de Contratos del Sector Público exija en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada de que pagan a las empresas subcontratadas conforme a la ley (60 días).
Ley Contratos del Sector Público, en el ojo del huracán
Precisamente la Ley de Contratos del Sector Público -que se está tramitando- ha sido el otro tema clave de la cumbre, donde se ha alcanzado el compromiso de que no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor.
En referencia a la ausencia de representación del Gobierno en la Cumbre, Antoni Cañete, ha manifestado que “el mensaje es claro: el Gobierno hoy ha preferido estar en exclusiva al lado de los que cobran y no pagan, en vez de con los autónomos y pymes, esto es, con la mayoría de las empresas del país, que claman por tener justicia y que se les defienda delante de la tiranía de algunas grandes empresas”.
En el evento también participaron los presidentes de las dos asociaciones que con PMcM redactaron una propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que presentaron al Gobierno ante el Congreso de los Diputados y que se espera que se apruebe. Se trata de PIMEC (Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya), y de CEAC (Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón), que juntos representan a más de 1.5 millones de empresas.
De llevarse a cabo todas estas medidas pactadas por las fuerzas parlamentarias “no solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos delante de un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, afirma Cañete.
Según el último informe de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016 tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente.
A lo largo de estos últimos años la PMcM consiguió en sus inicios modificar la Ley contra la Morosidad para que el plazo máximo de pago que se pudiera acordar por las partes en un contrato no supere, en ningún caso, los 60 días naturales; acabar con el trato desfavorable que reciben los subcontratistas por parte de los contratistas en las prácticas de pago; contribuir a que el Gobierno pusiera en marcha planes de pago a proveedores, y hacer cambiar el proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, que pretendía alargar los plazos de pago si había cesión del crédito a un tercero.
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