El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) exige al Ministerio de Justicia «eliminar toda sombra de duda sobre la actuación profesional del personal de Justicia, lo que requiere un comportamiento responsable de todos los cargos públicos». Y por ello, reclaman una respuesta clara del Ejecutivo, lejos de la «inacción desarrollada hasta ahora».
Asimismo, reclaman también al Ministerio que «se comprometa indubitadamente y de manera efectiva, que no efectista, con la erradicación de unas maneras de actuar que perjudican al conjunto del país».
Ante «asta grave situación» entienden que es preciso «una intervención activa del poder ejecutivo en el ámbito de sus competencias que promueva la confianza en la independencia de jueces y magistrados, en la autonomía del Ministerio Fiscal y en la imparcialidad de la Administración de Justicia globalmente considerada».
Desde el SISEJ insisten en que «no es admisible que cargos públicos de máxima responsabilidad, como el ministro de Justicia, sostengan tales contactos en este escenario de investigaciones por corrupción», refiriéndose, sin citarlo, al email que Rafael Catalá envió el pasado 3 de noviembre al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. «Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos».
En este sentido, desde el sindicato subrayan que «el Gobierno no puede pretender que la lucha contra la corrupción política y económica se limite a mantener una posición de neutralidad«, máxime cuando «se contradice con los contactos hechos públicos estos días entre el ministro de Justicia y el anterior Presidente de la Comunidad de Madrid, investigado por corrupción (Operación Lezo), y respecto del cual se han conocido más conversaciones de extrema gravedad relativas a su situación judicial».
Es más, denuncian que la inacción desarrollada hasta ahora por el Ejecutivo, «la falta de respuestas claras, contundentes e inequívocas, generan con toda lógica desconfianza en la ciudadanía respecto de la actuación de toda la Administración de Justicia» y, lo que es peor, «la percepción de que personas investigadas por corrupción maniobran para favorecer su impunidad».
Además, muestran su preocupación al comprobar que «los recientes cambios en la Fiscalía General del Estado y en las Fiscalías Anticorrupción no han venido motivados por estrictas razones de mérito y capacidad, sino de mera afinidad«, algo que ha su juicio ha motivado que las últimas actuaciones hayan «generado el rechazo de las principales asociaciones profesionales y aumentado la desconfianza ciudadana«.
Desde el SISEJ consideran imprescindible que la «transparencia, la fiabilidad y la eficacia se instauren definitivamente en la Justicia».
