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Gómez Bermúdez se hace viral proponiendo una ley para recuperar el dinero robado por los corruptos

Javier Gómez Bermúdez en el programa de Jordi Évole, donde hizo esas declaraciones, que ahora han provocado una campaña de apoyo a la promulgación de una ley de recuperación de activos. youtube.
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Unas declaraciones del magistrado Javier Gómez Bermúdez, actual juez de Enlace de España en París, se han hecho virales en las redes sociales casi cuatro años más tarde, alcanzando sólo en youtube los 2,5 millones de visitantes. El magistrado propone que se apruebe una ley de recuperación de activos que no sólo permita al Estado recuperar el dinero robado sino que además se incaute del patrimonio personal que tuviera anteriormente.

“Habría que hacer una ‘ley de recuperación de activos’”, propone Gómez Bermúdez. “Que significa que el que delinque para tener un beneficio económico tenga su primer castigo”, afirma, y que va a vivir en el futuro “sin un duro”. 

“Lo importante en los delitos relacionados con beneficios económicos, incluidos los de la corrupción, es que ese beneficio no redunde en que tenga una mejor vida el corrupto. Por lo tanto, en lo que hay que trabajar es en quitarle ese dinero. En que no disfrute de ese beneficio. En que sepa que si le pillamos va a perder todo su patrimonio. No sólo el ganado con la corrupción sino el otro, también”, declaró en el programa “Salvados”, que presenta el periodista Jordi Évole, emitido el 26 de mayo de 2013 en La Sexta.

Casi dos años después el Gobierno transpuso la Directiva Europea a nuestro ordenamiento jurídico -Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal- haciendo realidad las palabras de Gómez Bermúdez, tal como se explica en el artículo de Nicolás González-Cuéllar. A raíz de esas modificaciones, que entraron en vigor a finales de  2015, y que han tenido los mismos efectos que la ley propuesta por Gómez Bermúdez, se creó la  la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

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Sin embargo, sus declaraciones han cobrado completa actualidad, a raíz de la “Operación Lezo”, en la que ha sido detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otros supuestos colaboradores, y la entrada en prisión de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. Porque denotan  la gran preocupación que existe entre la ciudadanía.

En especial cuando los fondos de los corruptos se encuentran fuera de España, en paraísos fiscales de difícil acceso para las autoridades judiciales españolas.

“Si al delincuente económico tú le dices que le vas a condenar a seis años y luego, cuando sale, va disfrutar de seis millones de euros. Pues hace cuentas y dice, me interesa”, añade el magistrado, entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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“No estamos hablando de gente bien intencionada. Estamos hablando de los mal intencionados. Hay mucha gente que trabaja honradamente. Pero si yo, bajo la excusa de que esto va a traer grandes beneficios para mi pueblo, de camino que trae grandes beneficios, me llevo una parte… Usted lo que es es un sinvergüenza. No tiene otro nombre. Además de un delincuente, cuando le condenemos”, señala.

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Los delincuentes económicos salen antes de la cárcel

En la entrevista, realizada por Évole en una de las Salas de Vistas de la Audiencia Nacional de su sede de San Fernando de Henares, Madrid -donde se está celebrando actualmente el juicio del caso Gürtel-, Gómez Bermúdez revela la sorpresa que le produce la facilidad con que los delincuentes económicos salen de prisión.

“Me sorprende la facilidad con la que salen de prisión los delincuentes económicos. Cuyo argumento es ridículo. Oiga es que yo no voy a delinquir más. Porque soy una persona de alto rango social, integrado. Ya, claro, ya sé que usted es una persona de alto rango social. Por eso la única forma de que usted se reeduque es entender que no se puede robar a los demás. Y eso lo entiende una persona de alto rango social, tan bien relacionada como usted, en la cárcel”, dice Gómez Bermúdez.

El magistrado señala que los terceros grados los concede la Administración Penitenciaria, “que en el caso de Cataluña es la Generalitat y en el resto de España el Ministerio del Interior”.

“Yo, cuando fui juez de vigilancia penitenciaria, jamás concedí un tercer grado a un gran delincuente económico. A los llamados “white collar”. A los de cuello blanco”, concluye.

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