Por 8 votos a 3 el Consejo Fiscal ha confirmado a Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Los vocales electos Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodríguez Rey plantearon al fiscal general, José Manuel Maza, la conveniencia de cesar a Moix de su puesto por los acontecimientos relacionados con la instrucción de la llamada «operación Lezo». Y perdieron.
En contra votaron el propio fiscal general, el teniente fiscal, Luis Manuel Navajas Ramos, el fiscal inspector de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fausto José Cartagena Pastor, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, Vicente Máximo Garrido García, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Granada, Ana María Tárrago Ruiz, su homónima de Barcelona, María Cristina Dexeus Ferrer, el fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Fernando Sobrón Ostos, María Pilar Sánchez Alcaraz, fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén, y Antonio Roma Valdés, fiscal de la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela.
El Consejo Fiscal, al término de su reunión hizo público un corto comunicado en el que dijeron que «La lucha contra la corrupción es una necesidad y una exigencia de la sociedad española que involucra sin duda a todos los profesionales que integramos con orgullo el Ministerio Fiscal español».
«Todos los componentes de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan un trabajo difícil y necesario para dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, por encima de las luchas partidistas y al margen de unas presiones dirigidas con cualquier finalidad para condicionar su actuación. El Consejo Fiscal reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto y que se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia su función, concluyeron.
Esteban Rincón, por su parte, es fiscal de la Fiscalía del Constitucional; Puente Santiago está destinada en la Fiscalía Provincial de Palencia y Rodríguez Rey en la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Estos tres vocales del Consejo Fiscal no votaron a favor de Moix en la reunión del Consejo Fiscal que se celebró el 22 de febrero pasado sino que lo hicieron por otros candidatos, como bien han recordado en el comunicado público que hicieron tras la reunión de este órgano de la FGE.
En el mismo decían: «No podemos permanecer ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos ignorar que las conversaciones (telefónicas ) que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del Fiscal Jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad».
Y añadían: «Al mismo tiempo, la forma en la que ha ejercido hasta ahora sus funciones como Fiscal Jefe, su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso «Lezo» y el trato dado a uno de los Fiscales encargados del asunto tras la invocación del artículo 27 del EOMF [Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal] reflejan una concepción de la Jefatura que no solo no compartimos (sino que rechazamos)».
Terminaban pidiendo el cese de Moix por haber comprometido la credibilidad de la Fiscalía Anticorrupción.
La UPF en la misma línea que sus vocales
Poco después de conocerse el resultado, el Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecen Esteban Rincón, Puente Santiago y Rodríguez Rey, hizo público un comunicado en la misma línea que estos: solicitando directamente al fiscal general del Estado que «remueva o cese al fiscal jefe anticorrupción, quien ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir un colectivo profesional como es la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado».
Y a Maza lo reprueban por no haber sabido «gestionar la compleja y delicada coyuntura en la que los acontecimientos le han colocado, revelando asimismo que su inexperiencia y falta de conocimiento de la carrera fiscal nos distancia no sólo de una necesaria reforma del proceso penal sino de lo que es más importante, la confianza en el servicio público que presta la Fiscalía».
