El Consejo Fiscal ha aprobado hoy, por mayoría, un informe demoledor contra la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) impulsada por el Gobierno, a través del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 50/1981 que regula el mismo.
El texto, promovido por los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), advierte que el anteproyecto otorga “poderes exorbitantes” al fiscal general del Estado sin establecer los contrapesos adecuados y sin resolver una de las grandes demandas de la carrera fiscal: la autonomía presupuestaria.
El Pleno, que se prolongó durante seis horas este viernes, analizó el anteproyecto “párrafo por párrafo” a partir del borrador redactado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), inicialmente favorable a la reforma.
Sin embargo, los 7 vocales —6 de AF y 1 de APIF— impusieron modificaciones sustanciales que han transformado la propuesta inicial en un informe crítico por mayorías continuas de 7 a 5 votos –7 AF y APIF contra 2 de UPF, los dos miembros natos y el fiscal general del Estado– según confirman fuentes fiscales consultadas por Confilegal.
Poder concentrado en el fiscal general
Uno de los principales reproches es el desequilibrio institucional que introduce el texto al reforzar el poder del fiscal general del Estado. El informe denuncia que se elimina el carácter ejecutivo del Consejo Fiscal en materias clave como el régimen disciplinario o de incompatibilidades, limitándolo a una función meramente consultiva.
«La reforma proyectada convierte a este órgano en un mero asesor del Fiscal General del Estado en determinadas materias al privarle de toda función resolutiva y capacidad de servir de contrapeso a la jerarquía, com la resolución de los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los Fiscales Jefes, su intervención decisiva en los casos de separación del servicio o traslado forzoso o la apreciación de posibles incompatibilidades», han explicado después desde la AF.
Se desactiva, así, su papel como órgano de control interno y “voz de la carrera”, según refleja el documento aprobado.
La reforma prevé que la Junta de Fiscales de Sala (el cuerpo equivalente a magistrados del Tribunal Supremo), con mayoría de 3/5, pueda imponer su criterio al fiscal general como supuesto contrapeso.
No obstante, AF y APIF lo rechazan: consideran que este órgano está “colonizado” por afines al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, y que no puede ejercer como un control efectivo e independiente.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), minoritaria y próxima a García Ortiz, ha anunciado un voto particular proponiendo una tercera vía: que sea la Junta de Fiscales de Sala quien resuelva los conflictos entre el fiscal general y el Consejo Fiscal en materias ejecutivas.
Una propuesta que no ha prosperado.
Autonomía presupuestaria y modelo de proceso penal
El Consejo Fiscal coincide, sin fisuras, en señalar la gran omisión del anteproyecto: no contempla la autonomía presupuestaria del Ministerio Público, largamente reivindicada tanto por la carrera fiscal como por el propio Consejo en informes anteriores.
Tampoco concreta qué medios materiales y personales se destinarán a asumir la dirección de las investigaciones penales —hasta ahora en manos de los jueces de instrucción—, uno de los pilares de la reforma.
Asimismo, se abordó el artículo relativo al número de candidatos por asociación en las elecciones al propio Consejo Fiscal. La propuesta del Gobierno plantea reducirlo de seis a cinco. AF se opuso frontalmente, mientras que APIF y UPF votaron a favor, al considerar que favorece una representación más plural.
Fractura interna: «No cabe un parche más»
Las divergencias internas son profundas. La AF y la APIF consideran que la reforma representa un “gravísimo retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal” y reclaman una “reforma integral del EOMF”. “No cabe un parche más”, advertía el documento alternativo con el que acudieron al Pleno.
Por el contrario, la UPF ha respaldado públicamente la reforma, que considera un avance hacia la “autonomía funcional del fiscal general respecto del Ejecutivo”, en línea con el nuevo modelo de proceso penal.
Eso sí, insiste en que esta transformación debe ir acompañada de los recursos necesarios y ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos políticos para garantizar su eficacia.
Las diferencias se plasmaron también en los gestos: AF y APIF no acudieron a la reunión convocada el pasado 20 de mayo por García Ortiz con las asociaciones para abordar la reforma. Solo asistió la UPF.
Críticas en la cúpula fiscal
La propia Fiscalía General ha consultado a los fiscales de Sala su opinión sobre la reforma. Según fuentes internas, incluso dentro de la cúpula se han expresado críticas similares a las de AF y APIF.
Algunos fiscales consideran que el texto es “otra vuelta de tuerca” que no garantiza la auténtica autonomía del Ministerio Público, especialmente en los ámbitos presupuestario y de gestión.
Informe unánime sobre menores migrantes no acompañados
Además de la reforma del EOMF, el Pleno del Consejo Fiscal aprobó por unanimidad el borrador de informe sobre el real decreto que regulará el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El texto fue elaborado por la Secretaría Técnica.
En definitiva, el Pleno del Consejo Fiscal ha enviado un mensaje claro al Gobierno: la reforma, tal como está planteada, desequilibra el sistema, concentra el poder en una única figura sin controles eficaces y olvida aspectos estructurales esenciales para la modernización del Ministerio Público.
