El Tribunal Supremo ha archivado la querella de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria contra el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por varios delitos de corrupción en actuaciones públicas en relación al Centro Botín de Santander, porque los hechos denunciados no son delito.
Para el Supremo, es patente que se ha pretendido, «al dirigir la querella añadiendo y encabezando al hoy ministro, atraer la competencia de esta Sala, con la pretensión de apertura de una causa general a toda una actuación administrativa».
Añade, que las acusaciones tratan de fundamentar «en inconcretas afirmaciones donde no se aporta ni el más elemental principio o indicio de prueba contra el aforado».
Según el alto tribunal, la querella “no aporta en relación con los delitos imputados ni el más elemental principio de prueba, indicio o sugerencia”. Sobre el delito de prevaricación, el tribunal señala que no se ha acreditado su realización y añade que, en cualquier caso, “no podría un Tribunal penal arrogarse competencias sobre el control de la función administrativa, en cuya sede quedarían residenciadas las ilegalidades ordinarias y no extravagantes como consecuencia del principio de ‘última ratio’ y del carácter fragmentario y subsidiario del Derecho Penal, que solo debe entrar en juego ante las irregularidades más graves y formas de lesión más intensas e insoportables del bien jurídico cuando antes hubieran fracasado otros sectores del ordenamiento jurídico”.
Por ello, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede la inadmisión de la querella.
El alto tribunal se pronuncia exclusivamente sobre De la Serna por su condición de aforado ante la Sala y declara su falta de competencia respecto al resto de personas acusadas.
La Plataforma, como acción popular, presentó querella contra el hoy ministro y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y todos los miembros del patronato de la Fundación Botín.
La querella iba dirigida contra el expresidente del Gobierno de Cantabria y actual presidente, la exvicepresidenta, el expresidente de Puertos del Estado y los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander.
Imputaba delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, contra los recursos naturales y medio ambiente, contra el patrimonio cultural e histórico, ordenación del territorio y urbanismo, y daños, por los procedimientos administrativos y actos conexos desarrollados en la construcción del centro cultural en el Muelle Albareda de Santander.
