El exjefe de ETA Javier García Gaztelu «Txapote» se enfrenta este lunes a un nuevo juicio en la Audiencia Nacional, esta vez por atentar en 1995 contra la sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, hechos por los que el fiscal pide una condena de 14 años y 8 meses de prisión.
«Txapote», en la cárcel desde el 2002 -primero en Francia y luego en España-, acumula penas que superan los 450 años de prisión por los asesinatos del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco; el dirigente popular en Guipúzcoa Gregorio Ordóñez; el dirigente socialista en el País Vasco Fernando Mújica y el socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza, entre otros.
Ahora, varios meses después de que el juez le concediera su primer permiso penitenciario para visitar a su padre de avanzada edad, se enfrenta a un nuevo juicio por un atentado que presuntamente cometió cuando era miembro del comando Donosti -antes lo fue del comando Vizcaya- en 1995.
Según explica el escrito de acusación, ‘Txapote’ y otros dos miembros de la banda terrorista, Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre, alias ‘Zapata’, -ambos ya condenados por estos hechos–, robaron un coche en Rentería el 18 de julio de 1995, le cambiaron las placas de la matrícula y se trasladaron a la capital guipuzcoana.
Allí, efectuaron dos disparos con un lanzagranadas de 83 milímetros contra el edificio del Gobierno civil de Guipúzcoa en San Sebastián, en un atentado que se saldó sin víctimas.
El lanzagranadas que utilizaron para el atentado procedía de un zulo situado en el cementerio de Hernani (San Sebastián), donde se escondía entonces «Txapote» junto con el etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz.
Tres delitos le atribuye el Ministerio Público por este atentado al que fuera jefe militar de ETA entre 1996 y 2001, el de terrorismo, el de utilización ilegítima de vehículo de motor y el de sustitución de placas de matrícula.
Por el delito de estragos terroristas, el Ministerio Público pide diez años y un día de cárcel, por el robo del vehículo de Rentería, solicita seis meses, mientras que por la sustitución de las placas de la matrícula, el fiscal reclama cuatro años, dos meses y un día de prisión. También pide indemnizar al Estado por la cuantía de los daños causados en la sede del Gobierno Civil y en el establecimiento. (CONFILEGAL/EP)
