Una incidente en la red que comunica con los servicios de almacenamiento informático del Ministerio de Justicia, ya restablecido, ha afectado este martes a la actividad de los juzgados y tribunales en media España y a los servicios informáticos de los registros civiles y de las Fiscalías. Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado que 14.000 usuarios y 200.000 profesionales quedaron afectados por la caída del sistema.
El fallo en la red se produjo a las 11.08 de ayer martes y afectó a las aplicaciones informáticas y a diferentes servicios que ofrece el Ministerio de Justicia, si bien el problema se solucionó a las 12.30, según las mismas fuentes.
A partir de ese momento, y de forma progresiva se fueron restaurando las aplicaciones y a las 16.30 los principales problemas ya se habían superado.
El fallo en la conexión informática no afectó al desarrollo de juicios en salas de vista, que pudieron seguir siendo transmitidos ni a la celebración de videconferencias, aunque sí perjudicó al trabajo de miles de abogados y procuradores conectados desde sus despachos, así como a muchos juzgados.
La caída ha sido denunciada por el sindicato de funcionarios CSIF mediante un comunicado en el que señalan que «es evidente que la implantación del modelo de Justicia digital patrocinado por el Ministerio está fracasando y es necesario parar y analizar la situación conjuntamente con los profesionales de la Administración de Justicia».
La realidad en los Juzgados y Órganos Judiciales dependientes del Ministerio de Justicia, según esta central sindical, «desmonta los artificios propagandísticos del mismo, con caídas constantes del sistema que dejan parado el trabajo en estos centros».
Critican que el Ministerio siga manteniendo que los sistemas instalados funcionan y funcionan bien. «Esto es una falacia, pues ni funcionan bien, y a veces, demasiadas, ni siquiera funcionan -añade la nota-.
Esa es la tónica general del funcionamiento del sistema informático del Ministerio, que además afecta colateralmente a las demás comunidades autónomas que dependen de LexNET para sus comunicaciones, con órganos dependientes del Ministerio».
Para CSIF, el problema es la falta de planificación previa, es el abuso de la imposición de iniciativas, como el papel cero, que no tienen viabilidad en la práctica, es la falta de formación real y orientada a crear la nueva cultura digital y es la falta de inversión suficiente y adecuada.
La solución es obvia para estos funcionarios: «Hay que parar la implantación de Justicia digital porque lo que se quiere no se puede conseguir con lo que se tiene, hay que abrir las mesas de negociación porque la implantación de Justicia digital implica nuevas formas de trabajo, nuevos roles dentro de la oficina judicial y nuevas responsabilidades».
Exigen además que se planifiquen acciones formativas y que se revisen los perfiles de ingreso porque esas nuevas tareas exigen nuevas habilidades y competencias. Finalmente, exigen la inversión necesaria en medios materiales e infraestructura para que el proyecto de Justicia digital pueda implantarse sin la hipoteca de viejos programas, viejas infraestructuras de comunicación y viejos esquemas de trabajo. EP.
