El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha dado el primer paso para sustituir LexNET por Citius, una nueva plataforma destinada a modernizar las comunicaciones electrónicas judiciales y mejorar su conexión con los sistemas utilizados por las distintas administraciones públicas.
La cartera que dirige Félix Bolaños ha abierto una consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto que regulará estas comunicaciones dentro de su ámbito territorial.
El periodo para presentar alegaciones ha permanecido abierto durante quince días naturales, hasta mañana, 23 de julio de 2026, según la documentación difundida por el Ministerio.
No se plantea únicamente un cambio de nombre.
Citius está llamado a convertirse en la evolución tecnológica y funcional de LexNET, el sistema que durante años ha servido a abogados, procuradores, órganos judiciales y otros operadores para presentar escritos y recibir notificaciones.
La reforma busca adaptar la normativa vigente —recogida en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre— al nuevo modelo de Justicia digital diseñado por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.
Una Justicia digital que va más allá de las notificaciones
LexNET fue concebido fundamentalmente para canalizar la presentación de escritos, el traslado de copias y la recepción de actos de comunicación.
El nuevo marco normativo aspira a algo mucho más ambicioso: que la tramitación electrónica abarque el procedimiento judicial en su conjunto.
La transformación gira alrededor de varios conceptos: interoperabilidad, trazabilidad y orientación al dato.
Es decir, que los distintos sistemas puedan comunicarse entre sí, que quede constancia de cada actuación realizada y que la información procesal pueda tratarse de manera estructurada.
Este cambio de enfoque obliga a revisar la regulación de 2015 y, al mismo tiempo, a desarrollar una herramienta capaz de responder a las nuevas necesidades.
Citius pretende cubrir ese espacio. De acuerdo con la consulta pública, la plataforma estará más integrada con los sistemas de gestión procesal y con los servicios públicos de intercambio de información.
Qué pretende aportar Citius
El objetivo declarado es simplificar y acelerar las comunicaciones entre los órganos judiciales, los profesionales, los ciudadanos y las distintas instituciones que intervienen en los procedimientos.
La futura regulación comprenderá la presentación electrónica de escritos, documentos y expedientes; el traslado telemático de copias, y cualquier otra actuación o comunicación que deba efectuarse por medios digitales.
La plataforma también deberá reforzar la seguridad jurídica y mejorar la calidad del servicio. La cuestión no es menor. Cualquier fallo en una notificación, en el cómputo de un plazo o en la identificación del remitente puede tener consecuencias procesales importantes.
Por eso, la transición de LexNET a Citius no dependerá únicamente de que la tecnología sea más rápida. También deberá ofrecer garantías suficientes sobre quién realiza cada actuación, cuándo se produce y si la documentación permanece íntegra desde su presentación hasta su recepción.
Interoperabilidad: Conexión con los sistemas de otras administraciones
Uno de los elementos centrales del proyecto es la interoperabilidad. Citius nace con una vocación más amplia que su antecesor y con la intención de reducir la fragmentación tecnológica que todavía existe en la Administración de Justicia.
La consulta prevé que pueda integrarse con los sistemas de gestión procesal de los territorios que decidan utilizarlo.
También contempla su conexión con servicios de la Administración General del Estado como SIR e INSIDE, además de otras plataformas empleadas por comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos públicos.
SIR es el sistema que permite intercambiar asientos registrales electrónicos entre administraciones. INSIDE, por su parte, facilita la gestión y remisión de documentos y expedientes electrónicos.
Su integración con Citius permitiría que la información circulara con mayor fluidez y evitaría, al menos en teoría, duplicidades y trámites innecesarios.
El planteamiento responde al modelo establecido en el Real Decreto-ley 6/2023. Esta norma exige que los sistemas de información y comunicación de la Administración de Justicia sean capaces de intercambiar datos entre sí.
La misma obligación alcanza, en los términos que se determinen reglamentariamente, a las aplicaciones y servicios electrónicos que los consejos generales profesionales faciliten a abogados, procuradores y graduados sociales.
Seguridad, trazabilidad y protección de la información
El avance de la Justicia digital aumenta también los riesgos. Cuanto mayor sea el volumen de información intercambiada y más conectados estén los sistemas, mayor deberá ser la protección frente a accesos indebidos, manipulaciones, pérdidas de datos o ataques informáticos.
La documentación sometida a consulta anticipa que las comunicaciones reguladas por el futuro real decreto deberán garantizar el acceso, la autenticidad y la confidencialidad de la información. También tendrán que asegurar su integridad, disponibilidad, trazabilidad, portabilidad e interoperabilidad.
En términos prácticos, esto significa que el sistema deberá permitir identificar a los participantes, preservar los documentos sin alteraciones, reconstruir el recorrido de cada actuación y facilitar el intercambio seguro de la información.
Cuando resulte necesario, también podrán utilizarse formularios orientados al dato aprobados por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.
Estos formularios no se limitan a reproducir digitalmente un documento en papel: organizan la información en campos estructurados para que pueda ser tratada automáticamente por los distintos sistemas.
El Real Decreto-ley 6/2023 ya reforzó el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. También contempló la existencia de un Subcomité de Seguridad y de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración de Justicia.
La digitalización, por tanto, viene acompañada de una estructura específica para establecer criterios comunes, vigilar los riesgos y responder ante posibles incidentes.
Justicia opta por una regulación completamente nueva
El Ministerio ha valorado la posibilidad de limitarse a modificar el Real Decreto 1065/2015. Finalmente, la opción que considera más adecuada es aprobar una norma nueva.
La decisión responde a la profundidad del cambio. Introducir reformas parciales en el decreto vigente podría resultar insuficiente para incorporar de forma ordenada las novedades aprobadas en 2023 y regular de manera integral el funcionamiento de Citius.
El futuro real decreto deberá definir el alcance de la plataforma, las condiciones de utilización, los sujetos obligados y las garantías aplicables a las comunicaciones. También tendrá que concretar cómo se producirá la transición desde LexNET y qué ocurrirá con los sistemas ya implantados.
Consecuencias para abogados, procuradores y empresas
El cambio afectará directamente al trabajo cotidiano de los profesionales jurídicos. Abogados, procuradores y graduados sociales deberán adaptarse a un escenario en el que las comunicaciones procesales estarán más conectadas con los sistemas de gestión, los registros públicos y otras plataformas administrativas.
Para los despachos y departamentos jurídicos, la transición puede exigir revisar aplicaciones, protocolos internos y mecanismos de control de plazos.
La integración tecnológica aportará ventajas, pero también obligará a garantizar que los sistemas propios sean compatibles y que la información se gestione con la seguridad necesaria.
Las empresas y sus responsables de cumplimiento normativo también deberán prestar atención a la reforma. La relación electrónica con los tribunales estará cada vez más condicionada por la trazabilidad de las actuaciones, la seguridad de los datos y la capacidad de los distintos sistemas para intercambiar información.
La consulta pública marca, en definitiva, el inicio formal del relevo de LexNET por Citius dentro del territorio gestionado por el Ministerio.
La pretensión va mucho más allá de sustituir una plataforma: se busca encajar las comunicaciones judiciales en una Justicia digital conectada, orientada al dato y sometida a mayores garantías técnicas.
Quedan, no obstante, cuestiones decisivas por resolver. El texto definitivo deberá precisar los plazos de implantación, el régimen transitorio y las obligaciones concretas que asumirán los profesionales, las instituciones y los usuarios.
