El grupo parlamentario socialista ha registrado este miércoles en la Asamblea de Madrid una propuesta de ley para regular los regímenes de visitas en familias con problemas de convivencia y proteger a los menores, en los casos en los que se encuentran bajo tutela de la Administración.
Una propuesta de Ley que ya avanzó el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.
La citada Ley de Puntos de Encuentro Familiar pretende definir y regular aquellos puntos de encuentro familiar que tienen su ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid, para buscar la protección del interés superior de los menores y facilitar su derecho a relacionarse con sus progenitores y otros parientes, en aquellos casos en los que el menor se encuentra bajo la tutela y protección de la Administración.
En este sentido, el texto de los socialistas recuerda que «El interés superior del menor puede aconsejar hacer uso de un Punto de Encuentro Familiar por dos motivos fundamentales, bien porque se encuentra bajo la tutela y protección de la Administración como consecuencia de una situación de desarraigo familiar y social, bien por la existencia de un procedimiento de separación, divorcio, nulidad o ruptura de las uniones de hecho que altera o modifica la relación con alguno de sus progenitores».
En estos supuestos, y siempre con el fin de «garantizar el derecho del menor a mantener un contacto apropiado con sus progenitores y sus familias, las administraciones competentes en materia de servicios sociales y los órganos judiciales, pueden establecer regímenes de visitas».
Desde el PSOE-M, indican que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en su observaciones finales de 29 de julio de 2015, «recomienda al Estado parte la garantía de que no se conceda a los progenitores el derecho de visita sin supervisión en los casos en los que se pongan en peligro los derechos, el bienestar y la seguridad de los niños (como ocurrió con el caso de Ángela González Carreño)».
VIOLENCIA DE GÉNERO
El texto prevé un plan de intervención individualizado y garantiza un protocolo especial de vigilancia en los «casos derivados por violencia de género o cuando se presuma o existan sospechas de algún otro tipo de maltrato o abusos sexuales primará el principio del interés superior de las víctimas».
La norma incluye además la formación de los profesionales que intervienen en materia de violencia de género y «su capacitación profesional con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos, a fin de garantizar que el abordaje de estas cuestiones se hace con máximo respeto a los derechos humanos, en particular de los niños y niñas, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género«.
Los servicios que prestarán los puntos de encuentro familiar serán las visitas tuteladas, visitas al centro sin supervisión, visitas tuteladas fuera del punto de encuentro familiar, intercambio, acompañamiento, negociación y mediación, excepto en casos de violencia de género.
Además, el texto también reconoce que los servicios prestados por los Puntos de Encuentro Familiar regulados en esta ley tendrán «carácter gratuito«.
Por último, en esta propuesta de ley «se establece el plazo de tres años para implantar la Red de Puntos de Encuentro Familiar ajustada a los criterios y exigencias de esta Ley».
