Carles McCragh, presidente del Consell de l’Advocacia
El Consell de l’Advocacia recurrirá al Supremo el plan del CGPJ de los juzgados uniprovinciales
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26/5/2017 18:44
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Actualizado: 21/12/2017 11:05
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A medida que se acerca el mes de junio, momento en que se pondrá en marcha el plan del CGPJ de contar con 54 juzgados repartidos en todo el país que se especializarán en cláusulas suelo, crece el malestar en la comunidad jurídica por esta medida. Mientras que el Consell de l’ Advocacia Catalana anuncia que recurrirá la medida por la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo, los Colegios de Baleares y Murcia también rechazan esta medida.
El pleno del Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, reunido ayer de forma extraordinaria, aprobaba por unanimidad manifestar su rechazo al plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que prevé concentrar en un único juzgado, situado en la capital de cada provincia, los litigios por las cláusulas suelo y por reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas.
Al mismo tiempo, su presidente, el decano de Girona, Carles McCragh confirmaba este viernes a CONFILEGAL que “vamos a recurrir esta decisión del CGPJ ante la sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo porque creemos perjudica los derechos de los ciudadanos”. Desde el Consell se ha indicado que a partir del próximo 1 de junio, fecha en que previsiblemente entré en vigor este Plan del CGPJ de juzgados especializados, en cualquier momento se interpondría ese recurso.
Para la Advocacia Catalana «la creación de órganos judiciales especializados tiene un carácter excepcional de ninguna manera justificado como medida general». Por todo ello, el Consell recomienda seguir ejercitando las acciones judiciales de esta naturaleza «allí donde corresponda por razón del domicilio del ciudadano afectado».
Baleares y Murcia, también rechazan expresamente el plan del CGPJ
Este viernes el ICAIB, Colegio de Abogados de Baleares hacia público un comunicado que señala su rechazo al plan aprobado ayer por el Consejo General del Poder Judicial para asignar tan solo a 54 juzgados en todo el país, de los que cuatro están en las Islas, la competencia exclusiva, pero no excluyente, para conocer, desde el 1 de junio, todos los litigios sobre cláusulas suelo y otras claúsulas hipotecarias abusivas.
En el caso de las Islas Baleares, prevé la asignación de este tipo de causas a estos cuatro juzgados: Primera Instancia núm. 10 de Palma; Primera Instancia núm. 2 de Ibiza; Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Mahón y Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciutadella. Los partidos judiciales de Inca y de Manacor no tendrán, por tanto, – remarca el ICAIB- ningún juzgado especializado para dichos asuntos.
Al mismo tiempo la Asamblea Regional del Gobierno de Murcia emitió ayer una Declaración Institucional sobre el refuerzo a los partidos judiciales ante el aumento de los asuntos por cláusulas abusivas hipotecarias. Los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios elevaron al pleno esta Declaración, «conscientes de la necesidad de solucionar un problema que afecta a tantos ciudadanos, ante el que la Asamblea no puede quedarse al margen».
Dicha Declaración supone la valoración del plan de contingencia del CGPJ sobre las cláusulas suelo de forma muy directa. Los firmantes señalan que dicha medida que entraría en vigor el próximo 1 de junio , «no ofrece a los ciudadanos de la Región garantías plenas y efectivas de una debida asistencia jurídica», señala la declaración. Por tanto, los grupos solicitan al Gobierno regional que se dirija al Ejecutivo de España, y que dentro de sus competencias, paralice el Plan del CGPJ que contempla la creación del juzgado único”.
Una medida excepcional que preocupa se generalice
Fuentes consultadas por CONFILEGAL muestran su preocupación porque una medida excepcional se quiera generalizar en nuestra administración de justicia. El artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que determine que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos; siempre con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia.
Desde el Consell se alerta del colapso que provocará la puesta en marcha del plan del CGPJ y considera que esta medida perjudicará al ciudadano por el hecho de tener que desplazarse para reclamar sus derechos.
La propuesta que plantean como alternativa es “ especializar en esta materia algunos juzgados comarcales -con la adopción de los criterios de reparto adecuadas- y dotarlos de los refuerzos necesarios para poder hacer frente con más celeridad a la avalancha de demandas que se prevén por cláusulas abusivas «respetando siempre el principio esencial de proximidad de la justicia al ciudadano».
Los catorce Colegios de Abogados catalanes han suscrito un manifiesto contra la provincialización de los órganos judiciales en las reclamaciones de los consumidores frente a las entidades bancarias denunciando que «la concentración en un solo juzgado provincial del conocimiento de estos pleitos facilita las posibilidades de defensa de las entidades bancarias, beneficia a los titulares de los órganos judiciales de nueva creación, pero en nada beneficia a los consumidores usuarios de productos bancarios, que se encontrarían con los perjuicios añadidos los desplazamientos injustificados, los costes inherentes a estos y el tiempo a invertir».
En ese manifiesto se insiste también en que la propia abogacía institucional tiene el derecho a participar en la adopción de cualquier decisión referida a la modificación de la territorialidad de los órganos judiciales, reiterando su defensa de la Justicia de proximidad, como elemento clave para la seguridad jurídica del propio ciudadano
“Una justicia impropia del siglo XXI”
Para el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh «la concentración en un solo juzgado de estos procedimientos en manos de jueces en prácticas, no garantiza un buen servicio público y aleja la justicia de quienes la reclaman”.
Todas las reformes que plantean, el CGPJ les basa bajo el pretexto de la especialización. En este caso, continua afirmando, “la especialización es más que dudosa, en jueces faltos de experiencia, lo que contradice la calidad que se busca en este servicio”.
Finalmente, subraya que “la concentración conseguirá generar un efecto disuasorio a los ciudadanos a la hora de reclamar sus derechos». Para el propio Consell, «el plan del CGPJ parte de una concepción regresiva y centralista de la justicia, impropia del siglo XXI, que la alejará del ciudadano y le obligará a soportar desplazamientos costosos en tiempo y dinero».
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