El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha acordado interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo, porque «infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales»
Asimismo, los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se han concentrado en Granada para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ, de especializar de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, para conocer los asuntos de cláusulas suelo.
Así lo ha decidido la Abogacía Española, en un Pleno extraordinario en Granada, donde considera que el acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ «infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales». Además, subrayan que «esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable».
Sin medios ni presupuesto
Les resulta incompresible que una medida como esta «se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones. Además de colapsar los juzgados designados», se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos.
Es más, señalan desde el CGAE, «conculca el principio de juez predeterminado por la ley y quiebra el principio de igualdad de partes en perjuicio del consumidor, alejando además la Justicia de la ciudadanía».
Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.
En este sentido, «la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, realizará las gestiones oportunas con las instituciones competentes para alcanzar una pronta solución del problema», señala la Abogacía en un su comunicado.
