Los concejales del equipo de Gobierno de Manuela Carmena Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han sido citados a declarar como investigados en un juzgado de Madrid tras la querella presentada por el PP por su supuesta malversación de fondos, al encargar dos informes externos para denunciar el Open de Tenis.
Según consta en el escrito del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, ambos ediles tendrán que declarar como «querellados», es decir, investigados, el próximo 18 de septiembre, al igual que la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varel, por encargar dos informes externos para denunciar el Open de Tenis
Además, de la citación, el juzgado admite a trámite la querella presentada por el PP contra los tres cargos del Gobierno de Manuela Carmena por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.
Según consta en la querella del PP, los tres responsables municipales encargaron ‘a dedo’ dos informes externos de 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la alcaldesa Manuela Carmena, que posteriormente los destituyó del consejo de administración de la empresa pública.
Los tres investigados pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que podría haber malversación en los contratos suscritos por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y los organizadores del Open de Tenis, una denuncia que la alcaldesa de Madrid calificó como un «error».
La denuncia se presentó en base a dos informes privados por los que Madrid Destino pagó 100.000 euros en total, después de que tres estudios municipales descartasen irregularidades en esos contratos.
Contra la resolución judicial conocida hoy, fechada en el 19 de junio, cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación, o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la última notificación.
La denuncia que cuestiona el convenio que el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón suscribió con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la celebración del Mutua Open de Tenis hasta el 2021 fue presentada en marzo, aunque se dio a conocer un día antes de comenzar el torneo de tenis, el 4 de mayo.
La alcaldesa de Madrid aseguró al día siguiente que la denuncia ante la Fiscalía se había presentado sin su conocimiento, y en una comisión municipal del 22 de mayo admitió que la decisión de sus ediles fue error y añadió que ellos mismos habían asumido «que no lo hicieron bien».
Pese a las palabras de Carmena, y evidenciando la diferencia de criterios que sobre esta denuncia convive en el seno del Gobierno municipal, el delegado de Economía y Hacienda reivindicó ese mismo día su actuación y precisó que no actuó a título personal sino que cumplió con sus «obligaciones» como miembro de la dirección de Madrid Destino.
El código ético de Ahora Madrid, plataforma con la que Manuela Carmena se presentó a las elecciones, establece el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos «ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».
PP y Ciudadanos piden su dimisión
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, ha afirmado tras conocer esa citación que los concejales del Ayuntamiento Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer «ya están tardando» en dimitir, pues tienen una «ocasión excelente» para demostrar su compromiso «contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática».
Y ha expresado su deseo de que, en cumplimiento del código ético de Ahora Madrid, su dimisión «se produzca en las próximas horas».
En el mismo sentido se ha manifestado la de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que ha pedido hoy la dimisión de los ediles y, además, ha presentado al Pleno municipal una propuesta para la reprobación de ambos y la creación de una comisión de investigación sobre su caso.
Para Villacís, se trata de un asunto de «corrupción política» en toda regla, puesto que «estamos hablando de malversación», de «delitos societarios» y «prevaricación».
Y cree que «deberían dimitir» bien «por su código ético», bien por conformidad con «nuestro estándar de calidad democrática».
