La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha asegurado hoy que el sistema desarrollado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar las causas judiciales de cláusulas de suelo crea un problema y pide al órgano de gobierno de los jueces que rectifique.
La nueva consejera ha insistido en que el gobierno regional «no comparte» la decisión del CGPJ y le ha invitado a que «en el próximo mes de septiembre rectifique». Aguilar ha recordado que la Consejería de Justicia siempre se opuso al modelo del CGPJ. «Con esta decisión se afecta negativamente a los ciudadanos, que están ejerciendo su derecho a reclamar y que por el enorme volumen de demandas que van a recibir los juzgados van a tener que esperar mucho tiempo hasta que sean resueltas», ha subrayado.
Rosa Aguilar ha realizado hoy su primera visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga para reunirse con las autoridades judiciales de la provincia tras su nombramiento como consejera. En concreto, se ha reunido con un encuentro en la Ciudad de la Justicia con la presidenta de la Audiencia, Lourdes García; el presidente de la sala de lo Social del TSJA, Javier Vela y el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero y el delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.
En declaraciones a los periodistas ha asegurado que el plan puesto en marcha por el CGPJ crea un problema que afecta a la administración de Justicia y a la ciudadanía y sólo beneficia a las entidades financieras al recaer todas las demandas en un sólo juzgado por provincia.
«Es imposible que un sólo juzgado se pueda hacer cargo de todas las demandas que se presenten», ha apuntado la consejera, al tiempo que ha indicado que en Málaga se han interpuesto ya más de 1.000 demandas.
En este sentido, Rosa Aguilar ha dicho que hay previsto siete refuerzos para ese juzgado por parte de la Junta de Andalucía pero el problema no está en los refuerzos, sino en la decisión que ha adoptado el Consejo General del Poder Judicial.
En su opinión, el Consejo tiene que arbitrar uno mejor que esté fundamentada en escuchar a las comunidades autónomas, a los operadores jurídicos, a quienes conforman la administración de Justicia y al propio Ministerio «porque nadie está de acuerdo con lo que ha hecho y le toca saber que no lleva a ninguna parte».
