«El artículo 45 de la Constitución Española dice que el derecho al medio ambiente no es un derecho fundamental. Por su colocación, no lo es. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) de Estrasburgo poco a poco, jurisprudencialmente, ha acabado por crear un derecho fundamental al medio ambiente. Esa es una realidad», explicó ayer Antonio Vercher Noguera, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en el marco del curso de verano que celebró la Universidad, junto con la Fundación Internacional Baltsar Garzón, en Torres, Jaén.
«Lo curioso es que los estados miembros de la Unión Europea se niegan a crear un protocolo en materia de medio ambiente y derechos fundamentales, como ocurrió, por ejemplo, con el protocolo primero, que regula el derecho a la propiedad como derecho fundamental. Todo esto, gracias a los ‘lobbies'», añadió.
De acuerdo con Vercher, lo positivo de todo ello es que el TEDH ha preparado un manual donde se va reflejando toda la jurisprudencia y donde se está diciendo de una forma clara, rotunda y permanente que el medio ambiente es un derecho fundamental.
«A través de lo que se ha dado en denominar creación de un derecho fundamental de rebote, que se fundamenta sobre el derecho a la intimidad, del artículo octavo, el derecho al proceso debido, del artículo sexto, todo lo que tiene que ver, del artículo segundo y tercero en relación con la vida y la integridad física, etcétera», prosiguió
«Por lo tanto, tenemos el medio ambiente, simplemente como un principio rector del artículo 45 de la Constituicón, pero la jurisprudencia del TEDH, que tenemos obligación de seguir por el artículo 46 de la Convención Europea de Derechos del Hombre, dice que es algo bastante más fuerte. Y afortunadamente, las Salas de lo Contencioso-Administrativo admiten, asumen y reflejan en su jurisprudencia este carácter de derecho fundamental», apunta.
Vercher también recordó la incorporación de dos Directivas penales ambientales y el hecho de que en España hay 174 fiscales que se dedican específicamente a la defensa del medio ambiente.
