La ex fiscal general del Estado y fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, ha pedido este martes que el pacto para reformar la Justicia se deje «fuera del ámbito de la batalla y de las estrategias políticas».
En la mesa redonda ‘Pacto de Estado y Justicia Penal‘ que se enmarca dentro de los cursos de Verano de la Universidad Complutense, Madrigal ha señalado la necesidad de acometer un pacto de Estado para la reforma de la Justicia, pero ha señalado que es «más importante» que el sistema judicial deje de ser un «campo de acción política» y, en este sentido, que «la ciudadanía debería pedirlo».
En la conversación también ha intervenido el exmagistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Adolfo Prego, que ha puesto de manifiesto la «urgencia» de un pacto de la Justicia, ante el «derrumbamiento de los fundamentos jurídicos del Estado de Derecho». «Necesitamos una reforma que permita recuperar garantías.
«La Justicia se ha ido deshumanizando conforme escalamos en la jerarquía, no se ve lo que ocurre más abajo», ha añadido Prego.
LA «IMPROBABILIDAD» DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Por otro lado, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres Ortiz, ha indicado que la idea de un Pacto de Estado para la reforma de la Justicia es «improbable», ya que la situación política «impide que se pueda producir». «En el ámbito de la composición y el funcionamiento, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el enfoque en los programas de los partidos políticos es distinto en todos ellos, por lo que desde el punto de vista político es poco probable», ha añadido.
Además, Eduardo de Porres ha señalado la necesidad de un uso correcto de las nuevas tecnologías para que la Justicia sea «competente, ágil y eficaz». Y, al mismo tiempo, ha incidido en que se «están generando problemas» en este ámbito porque «no hay un debate serio sobre su uso en la administración de justicia».
«Las nuevas tecnologías son instrumentos puestos para mejorar la Justicia, pero hay una visión propagandística y pesan intereses corporativos», ha declarado el presidente de la Audiencia.
ESTENOTIPIA EN LOS JUZGADOS
En este sentido, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha hecho alusión al mal uso de las tecnologías y ha señalado que las grabaciones de los juicios «son un problema» y que el poder político «no es consciente de las dificultades a las que se enfrentan» cuando este tipo de práctica se usa indebidamente y genera un conflicto en el proceso judicial.
«El testimonio de la víctima es decisivo en muchos casos. En un juicio por un delito contra la libertad sexual, vamos a ver la grabación de la niña, pero la declaración no se escucha porque en la videoconferencia no se le ha puesto un micrófono. Este uso es insatisfactorio y provoca que los juicios se tengan de repetir y los testigos tengan que recordar una lacerante vivencia», ha añadido.
Como solución, ha explicado, el Tribunal Supremo, ha sugerido recurrir a la estenotipia como «fórmula complementaria», al igual que en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para evitar «este vacío» que se genera cuando no se pueden oír «las grabaciones». (EP)
