Opinión | Sanar heridas o más de lo mismo

3 / 03 / 2026 05:42

Tras la condena e inhabilitación del anterior fiscal general —confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo—, el Ministerio Público atraviesa la mayor crisis de credibilidad en décadas.

La nueva fiscal general llegó al cargo con una promesa tan ambiciosa como necesaria: “sanar heridas”. No eran precisamente menores las heridas abiertas.

Por eso, su primer gran paquete de nombramientos no era una simple reorganización interna, sino una prueba de orientación: si la institución optaba por marcar distancia con el pasado inmediato o por gestionar su continuidad bajo nuevas formas.

Desde el punto de vista jurídico, nada obliga a considerar estas decisiones equivocadas. La fiscal general dispone de amplias facultades discrecionales y ha justificado los nombramientos en términos de mérito, capacidad y experiencia.

Pero las llamadas instituciones de garantía —cuya función es proteger el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el equilibrio entre poderes— no se miden solo por la legalidad de sus actos, sino por la confianza que generan.

El problema no es que un juez o un fiscal tenga convicciones personales —algo inevitable—, sino que su actuación institucional esté blindada frente a cualquier influencia política y, sobre todo, que así se perciba.

La independencia no exige una imposible neutralidad ideológica absoluta, pero sí neutralidad en el ejercicio del cargo. Cuando esa percepción se debilita, incluso las decisiones técnicamente irreprochables quedan envueltas en sospecha.

«Las heridas institucionales no se cierran con declaraciones ni con equilibrios internos, sino con gestos inequívocos de independencia. Y la independencia, en organismos llamados a controlar el poder, no solo debe ejercerse: debe resultar visible».

Tras una condena histórica al máximo responsable de la institución, la expectativa pública del cambio no era el equilibrio aritmético, sino un gesto inequívoco de renovación. En momentos de máxima tensión institucional, la prudencia no es una virtud secundaria: es una obligación estratégica.

La cuestión de fondo no es a quién se asciende, sino qué mensaje se envía. Dejar fuera a fiscales de reconocida trayectoria y autoridad profesional —como Jaime Moreno o Consuelo Madrigal— mientras se promueve a miembros destacados del equipo anterior, inevitablemente se interpreta como una apuesta por la continuidad.

No se trata de castigar a nadie ni de convertir las afinidades personales en responsabilidad disciplinaria, sino de decidir si la prioridad es cerrar filas o recuperar credibilidad.

Recuperar la confianza

La Fiscalía necesita lo segundo. Las instituciones encargadas de velar por la legalidad viven de un capital intangible: la confianza.

Y ese capital se erosiona antes por la sospecha que por el error. Cuando una parte significativa de la opinión pública empieza a percibirlas como alineadas con un poder político, deja de importar quién tiene razón en cada caso concreto.

Lo que ocurre es que la institución ha dejado de ser un terreno común.

Nada de esto implica cuestionar la validez de las resoluciones judiciales ni sustituir el análisis jurídico por hipótesis mediáticas.

Precisamente porque los tribunales existen para basarse en pruebas y no en conjeturas, su entorno institucional debe ser especialmente cuidadoso con cualquier decisión que pueda interpretarse como partidista. La ejemplaridad no es una exigencia moral abstracta: es una condición de eficacia democrática.

Las heridas institucionales no se cierran con declaraciones ni con equilibrios internos, sino con gestos inequívocos de independencia. Y la independencia, en organismos llamados a controlar el poder, no solo debe ejercerse: debe resultar visible.

La justicia puede sobrevivir a los errores, pero difícilmente a la sospecha permanente de parcialidad. Cuando esa sospecha se instala, todo lo demás —méritos, currículos, reglamentos— empieza a parecer secundario.

Sanar heridas exige algo más que administrar continuidades. Exige reconstruir la confianza perdida. De lo contrario, la operación no será una cura, sino un cambio de vendaje.

Porque cuando todo cambia para que nada cambie, las heridas no se curan: se cronifican. Y entonces, no estamos ante el final del paganismo, sino ante el comienzo de lo mismo.

La fiscal general del Estado y la teniente fiscal arropan a la nueva fiscal superior de Madrid en su toma de posesión

Julián Sánchez Melgar, Rosa Ana Morán, Navarro Sanchís, Ricardo Garrido y Consuelo Madrigal, Premios Puñetas de ACIJUR

La fiscal general del Estado torpedeó la rebaja de pena para Aldama en pleno juicio del caso Koldo

García Ortiz rompe su silencio en televisión: «No había ninguna prueba contra mí»

La UPF respalda la propuesta de nombramientos de la fiscal general del Estado ante las críticas por la defenestración de Almudena Lastra

La fiscal superior de Madrid que se negó a seguir las órdenes de García Ortiz en el caso del novio de Díaz Ayuso, defenestrada

Lo último en Firmas

asdfasdf

Opinión | III Plan del Ministerio del Interior. Los tropos del odio: del estigma al delito

e.coli en piscina

Opinión | Fontaneros, fiscales y Escherichia Coli

investigadores privados(1)

Opinión | ¿Qué pasaría si no existieran los incómodos guardianes de la democracia?

sustracción de menores

Opinión | Perspectiva jurídica de la retención ilícita y el arraigo del menor: aspectos prácticos de los traslados internacionales temporales.

Snowden2

Opinión | Déjà Vu: La inteligencia artificial, el Estado y una película que ya he visto