Este jueves, se celebraba eI primer Congreso Nacional de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ) en el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Un encuentro en el que no sólo se ha valorado el futuro de este cuerpo, sino también del Poder Judicial y de los avances y retos a los que se enfrenta el sector.
Un primer Congreso que, en su primer debate, «Los retos del futuro de la Justicia», reunía ante la mesa a grandes nombres propios del mundo judicial: Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia; Pilar Llop Cuenca, magistrada y exministra de Justicia; Eduardo Torres-Dulce, abogado y exfiscal general del Estado, y Consuelo Madrigal, fiscal de Sala (equivalente a la categoría de magistrada del Supremo) y exfiscal general del Estado.
Mesa que contaba con la presentación y mediación del presidente de PROLAJ, el letrado judicial Alejandro Asensio.
«Hay un paquete humano enorme de Justicia. Y en él, nos une una cosa: el ciudadano», explicaba en primer lugar Juan Carlos Campo.
Una realidad ante la que Campo tenía claro cuál es el punto débil actual del mundo judicial, en consonancia al resto de integrantes de la mesa de debate: la efectividad.
«La Justicia es un mundo muy preparado, pero los tiempos, en muchas ocasiones, son excesivos. Claro que es necesaria más financiación, más recursos. Pero también hay una cosa clara: lo necesario y urgente es la organización. Una nueva reestructuración de un sistema que es muy complejo», aseguraba.
Un contexto en el que la llegada de los tribunales de instancia hacía acto de presencia en el debate.
«La Justicia no puede exigir más a los profesionales, pero hay que otorgarles herramientas. Y esas son los tribunales de Instancia», aseguraba Campo.
Eso sí, teniendo claro el centro de la verdadera Justicia: «la Justicia, o la hacemos todos, o no vale para nada», aseguraba. Un consenso entre operadores del mundo judicial que Campo aseguraba haber vivido durante toda su etapa como exministro.
Una idea en la que profundizaba la exFGE Consuelo Madrigal.
«Hay tutela judicial efectiva, sí. Hay tardanza, sí. Y ese retraso afecta a la tutela real. Hay que buscar una buena gestión, la optimización de recursos», aseguraba.
Una idea para la que el consenso, especialmente político, y esencialmente en el Poder Legislativo, es fundamental, «para que los proyectos puedan aprobarse y aplicarse».
El consenso necesario para la reforma de la Justicia
«La Justicia está en crisis de credibilidad. Algo que, en gran parte, es responsabilidad política, por las críticas que se producen, con nombres y apellidos. Tenemos que evitar que los ciudadanos caigan en ese relato, porque es el que hace peligrar las democracias», insistía, en este sentido, Pilar Llop.
Y es que la exministra, durante su intervención, hacía hincapié en la necesidad de crear una Justicia del siglo XXI adaptada a los tiempos, pero que no pierda, en modo alguno, su independencia, y su humanidad.
Algo complicado, ante las fuertes críticas que se producen. También ante la tardanza en la tramitación judicial. Hecho que, para Llop, también supone una falta de credibilidad de la Justicia.
«La lentitud de la Justicia se tiene que asumir con compromiso político», aseguraba. Ello, sin embargo, poniendo en primera línea a los profesionales del Derecho: «Tenemos que ser agentes de la revolución».
«Hay que hacer reformas, sí. Pero consensuadas, e integrales. Tener una posición estratégica, no táctica. Ahora, ponemos parches, pero eso no siempre es suficiente«, exponía por su parte Eduardo Torres-Dulce.
Una reforma, de la mano de los tribunales de instancia, que debe realizarse con consenso. Porque, tal y como exponía Torres-Dulce, «sin consenso no hay democracia».
