Foto tomada durante la celebración del Foro Justicia ICAM este viernes en la sede de la institución colegial. En el estrado, de izq. a dch.: Pilar Velasco, Amparo Quintana García, María Consolación González, Carmen Giménez Cardona y Adrián Gómez Linacero. Foto: ICAM.

El ICAM pone en jaque la constitucionalidad de los MASC tras un año de vigencia: «La eficiencia prometida es burocracia real»

24 / 04 / 2026 13:32

Actualizado el 24 / 04 / 2026 13:37

Lo que nació como una promesa de agilidad para una Justicia al borde del colapso se ha convertido, un año después, en un nuevo «muro» procesal.

Esta es la principal conclusión del Foro Justicia ICAM celebrado este viernes en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), donde la abogacía madrileña ha hecho balance del primer aniversario de la Ley Orgánica 1/2025. El diagnóstico no admite paños calientes: más retrasos, inseguridad jurídica y una seria amenaza al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha sido el encargado de abrir fuego con una advertencia que ya ha llegado a las mesas del Gobierno y de los grupos parlamentarios a través de un informe institucional: el Colegio cuestiona la constitucionalidad de la norma.

Eugenio Ribón, decano del ICAM, fue el encargado de inaugurar el foro que tuvo lugar en la sede de la institución colegial madrileña. Foto: ICAM.

Para Ribón, el problema no es el fondo, sino la forma: «La abogacía no está en contra de la modernización, lo que cuestionamos es que la eficiencia prometida se convierta en burocracia real», sentenció ante un auditorio atento.

El «vía crucis» de la obligatoriedad

El núcleo del conflicto reside en la imposición de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para litigar. Lo que debería ser una herramienta útil se ha transformado, según el ICAM, en una barrera de acceso. Los datos que maneja la institución son demoledores: el 90% de los profesionales consultados asegura que la norma genera más demoras, y solo un ínfimo 9% cree que la negociación previa está resolviendo conflictos de forma efectiva fuera de los juzgados.

Esta «ralentización» en la presentación de asuntos fue confirmada por Carmen Giménez Cardona, decana de los procuradores de Madrid, quien lamentó que la ley no haya venido acompañada de claridad ni de criterios homogéneos, derivando en un goteo de inadmisiones y recursos innecesarios.

Familia y menores: el punto más crítico

El reportaje de este primer año de vigencia deja una zona especialmente sensible: los procedimientos de familia. Mª Consolación González, magistrada y presidenta de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, reconoció que la complejidad de estos casos —donde hay menores de por medio— ha obligado a los jueces a «modular» la interpretación de la norma.

Desde la procura, el mensaje es más rotundo: la suma de los plazos de la negociación obligatoria y la posterior tramitación judicial está dilatando respuestas que las familias necesitan con urgencia. Por su parte, Adrián Gómez Linacero, presidente territorial de PROLAJ en Madrid, advirtió de que la falta de indicadores específicos en la estadística judicial impide medir con precisión el «daño» real de estas incidencias.

La «amenaza» de las costas: un incentivo bajo sospecha

Uno de los puntos que más preocupa a los despachos es el nuevo régimen de costas del artículo 394 de la LEC. La reforma introduce una suerte de «castigo» para quien gane el pleito pero haya rechazado participar en un MASC sin causa justificada.

Gómez Linacero calificó este sistema de «incertidumbre» para el ciudadano, mientras que Giménez Cardona fue más allá al definirlo como un mecanismo de presión más que como un incentivo real. La magistrada González avisó: conceptos como el «abuso del servicio público de Justicia» son indeterminados y quedarán al arbitrio de la jurisprudencia que esté por venir.

Instantánea tomada durante la celebración del Foro Justicia ICAM. Foto: ICAM.

¿Hacia una contrarreforma?

Pese a las voces que defienden la «cultura del acuerdo», como Amparo Quintana (ICAM), quien aprecia un cambio de actitud en la profesión hacia el uso de terceros neutrales, el sentimiento mayoritario es de necesidad de cambio.

El Foro concluyó con una propuesta de mínimos que ya planea sobre el Ministerio: la creación de un grupo de trabajo para revisar la aplicación de la norma, ampliar las excepciones a la obligatoriedad y promover una reforma legislativa que despeje las dudas de inconstitucionalidad que el ICAM ya ha puesto sobre la mesa.

Un año después, la Ley de Eficiencia parece haber logrado lo contrario de lo que buscaba: unir a todos los operadores jurídicos en una misma reclamación: la de una Justicia que no confunda agilidad con obstáculos.

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