La cuenta atrás ha comenzado. Y muchos ni siquiera lo saben.
El Gobierno aprobó en marzo el Real Decreto 238/2026, que da el pistoletazo de salida definitivo a la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales. Un cambio que, sobre el papel, parece un simple salto tecnológico.
Pero que, en la práctica, amenaza con transformar por completo la relación entre el pequeño empresario y el fisco.
Los gestores administrativos —los profesionales que llevan las gestiones fiscales y administrativas de miles de pymes y autónomos— llevan meses avisando. Y ahora han subido el tono.
El problema no es solo digital. Es sistémico
«No estamos ante un simple cambio tecnológico», advierte Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. «Estamos ante un auténtico cambio de sistema».
Y tiene razón en ser contundente. La nueva normativa no se limita a exigir que las facturas viajen en formato digital.
Obliga a que sean estructuradas, es decir, generadas mediante programas informáticos homologados. Y aquí está la trampa que nadie ha explicado con suficiente claridad.
Hasta ahora, el sistema VERIFACTU —el mecanismo de control fiscal de la Agencia Tributaria que registra y verifica en tiempo real las transacciones— no se aplicaba a quienes emitían sus facturas a mano o sin software específico.
La clave está en esa excepción: basta con emitir una sola factura electrónica para que VERIFACTU pase a ser obligatorio para ese negocio.
La cafetería, el taller, la papelería. Todos dentro
Eso significa que miles de pequeños negocios —cafeterías, talleres mecánicos, comercios de barrio, imprentas— que operan bajo regímenes fiscales simplificados podrían quedar atrapados en un sistema de control mucho más exigente simplemente por haber facturado electrónicamente una sola vez a otro empresario.
«Muchos pequeños negocios todavía no son conscientes de lo que puede implicar realmente este cambio», advierte Santiago. «La digitalización no puede convertirse en una trampa normativa para quien simplemente intenta trabajar».
Un año de plazo que engaña
Otro riesgo identificado por los gestores: la falsa sensación de tranquilidad que genera saber que la Orden Ministerial definitiva —la que fijará los plazos reales de adaptación— no llegará hasta octubre de 2026.
Muchas empresas escuchan «queda tiempo» y desconectan. Error.
«Cuando las empresas escuchan que todavía queda un año para adaptarse, muchas piensan que el problema aún no va con ellas», señala Santiago. «Pero seguimos sin haber despejado cuestiones esenciales y el tiempo corre mucho más rápido de lo que parece».
El sector exige al Ministerio de Economía que utilice las excepciones previstas en el propio decreto para excluir a los colectivos más vulnerables. Antes de imponer, piden claridad. Antes de digitalizar, piden proporcionalidad.
