Pocas veces el consenso político llega al mismo punto, lo que convierte la modernización de la Justicia en una excepción que confirma la regla.
A pesar de que el diagnóstico sobre las carencias estructurales del sistema de la Administración de Justicia fue ampliamente compartido por los responsables del área de Justicia de los principales partidos políticos en el I Congreso Nacional de PROLAJ, las discrepancias sobre el modelo, los tiempos y, sobre todo, la forma de abordar los cambios confirmaron la ausencia de un consenso imprescindible para cualquier transformación de calado.
En este contexto, los diputados y senadores Juan José Aizcorbe (VOX), María Jesús Moro (PP), Txema Oleaga (PSOE), Enrique Santiago (Sumar) compusieron la mesa de debate titulada ‘La mirada política de la Justicia’, para dar a conocer la visión que tiene la política sobre las últimas novedades en la Justicia, y, en concreto, la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El Gobierno reivindica la transformación
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el proceso en marcha responde a una estrategia de fondo. El senador socialista Txema Oleaga argumentó que España se encuentra ante «el mayor proceso de transformación de la justicia en décadas», basado en tres pilares: la concepción de la justicia como servicio público, la digitalización y la garantía de derechos.
En este sentido, subrayó la importancia de herramientas como los tribunales de instancia para unificar criterios, la incorporación de medios tecnológicos —incluida la inteligencia artificial— y el refuerzo de derechos como el acceso a la justicia o la defensa.
La reforma, según Oleaga, «no es improvisada, sino el resultado de una evolución normativa iniciada en años anteriores y orientada a adaptar el sistema judicial a las necesidades actuales», concedió.
La oposición denuncia falta de consenso
Frente a esta lectura, el Partido Popular, a través de María Jesús Moro, puso el acento en el método. A su juicio, el principal problema de la actual legislatura no es tanto el contenido de las reformas sino la forma en que se están tramitando: acumulación de iniciativas legislativas, escaso debate previo y ausencia de consenso político y profesional.
Los partidos comparten la necesidad de modernizar la justicia, pero discrepan en el papel de la Fiscalía, la implementación y el alcance de las reformas
Según esta posición, la transformación de la justicia exige precisamente lo contrario: acuerdos amplios, escucha activa a los operadores jurídicos y una implementación progresiva que evite los problemas prácticos que, a su entender, ya se están produciendo.
«La justicia no puede abordarse como un servicio público más», vino a señalar Moro, reivindicando su condición de poder del Estado y advirtiendo del riesgo de diluir su función constitucional en una lógica meramente administrativa.
Vox alerta de la politización
Desde Vox, el foco se situó en una cuestión de fondo: la independencia judicial. Juan José Aizcorbe, reconocido abogado, advirtió de una creciente politización de la justicia, señalando especialmente el papel del Ministerio Fiscal y los vínculos entre el poder político y determinadas instituciones.
«Cualquier reforma del proceso penal que atribuya la instrucción a la Fiscalía debe ir precedida de garantías reforzadas de independencia previas», planteó.
También criticó la fragmentación territorial del sistema y abogó por reforzar la unidad de la Administración de Justicia como elemento clave para garantizar la igualdad de los ciudadanos.
Sumar identifica los desafíos del futuro
Por su parte, desde Sumar centraron su intervención en las normativas que afectan a la estructura de la Administración de Justicia que están en las cámaras parlamentarias.
Como son la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y la reforma de la LECrim. Enrique Santiago abogó por la apuesta del legislador de que estas normativas tengan una mirada a largo plazo y no se centren en las preferencias del partido de turno que se encuentre al mando.
Otros desafíos afectan a la Justicia Gratuita y a la estabilización de jueces y fiscales sustitutos: «La modernización de la justicia no puede quedarse en una cuestión organizativa o tecnológica; tiene que garantizar que cualquier ciudadano, con independencia de sus recursos, pueda acceder en condiciones reales de igualdad», señaló.
En este contexto, la mesa redonda dejó una conclusión clara: la transformación de la justicia no depende únicamente del diagnóstico ni de la técnica legislativa, sino de la capacidad de generar acuerdos estables en un terreno cada vez más tensionado políticamente.
