La primera sesión del juicio por la denominada ‘operación Kitchen’ en la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes con una petición de calado por parte del PSOE: la suspensión del inicio del proceso para reabrir una línea de investigación ya archivada.
La formación, personada como acusación popular, ha solicitado al tribunal que se investigue de nuevo a la exministra de Defensa y actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados en esta causa como testigos.
La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha planteado en el turno de cuestiones previas la nulidad del auto de apertura de juicio oral mediante la “retracción de las actuaciones” en lo relativo a la pieza que fue sobreseída y en la que Cospedal y su marido llegaron a estar imputados en 2021.
La letrada ha defendido la necesidad de profundizar en la “conexión política” de la presunta trama, que investiga el supuesto operativo parapolicial diseñado desde el Ministerio del Interior para sustraer información al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
En este contexto, ha solicitado también la incorporación como prueba de tres audios hallados por la Policía Judicial, entre ellos grabaciones de conversaciones telefónicas entre Cospedal y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los principales acusados en el procedimiento.
Según De Pascual, Cospedal “fue informada directamente” por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del “éxito de la operación de destrucción de pruebas”.
Además, la representación del PSOE ha pedido que el PP sea llamado al procedimiento como partícipe a título lucrativo, al considerar que habría sido beneficiario de los hechos enjuiciados, o subsidiariamente como responsable civil.
La competencia de la AN en la ‘Operación Kitchen’
Frente a esta posición, la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha solicitado la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral.
Su abogado, Jesús Mandri, ha sostenido que no existe “ningún indicio” de que el asalto al domicilio de Bárcenas en 2013 esté directamente relacionado con la ‘operación Kitchen’, por lo que ha reclamado que ese episodio se investigue de forma separada.
Asimismo, ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos al considerar que existe una “falta absoluta de conexidad” entre esta pieza y la principal del llamado caso Tándem.
Según ha expuesto, mientras este último se centra en una presunta red de corrupción en torno a Villarejo —quien habría ofrecido servicios a clientes privados aprovechando su condición policial—, la pieza ‘Kitchen’ aborda un supuesto operativo parapolicial dirigido a obtener información comprometedora para dirigentes del PP.
“El único denominador común es que el señor Villarejo está investigado en ambos procedimientos. Absolutamente nada más”, ha afirmado.
La defensa de Fernández Díaz también ha denunciado la vulneración de derechos fundamentales de su cliente, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un proceso con todas las garantías.
Mandri ha criticado la “injustificada” prolongación del secreto de las actuaciones durante dos años y medio, periodo en el que —según ha afirmado— se practicaron diligencias “a espaldas de las defensas”.
Por ello, ha solicitado la nulidad de todos los autos y diligencias practicados bajo secreto, al entender que su cliente declaró sin conocer elementos que posteriormente fundamentaron su imputación.
“Cuando se alza el secreto nos encontramos con todos los elementos que le incriminan”, ha señalado, subrayando que dichos elementos ya constaban en la causa meses antes sin que la defensa pudiera intervenir ni solicitar diligencias.
