La cuarta semana del juicio de la Operación Kitchen dejó dos testimonios de signo radicalmente opuesto. La cuarta semana del juicio de la Operación Kitchen dejó dos testimonios de signo radicalmente opuesto. Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, compareció durante dieciséis minutos.
Respondió mayoritariamente con monosílabos. Dijo no haber tenido «constancia» de nada.
Manuel Morocho habló siete horas.
El exinspector de la UDEF —la unidad policial que investigaba la trama Gürtel— no vino a matizar. Vino a relatar cómo se desmanteló su equipo mientras rastreaba la contabilidad B del PP, cómo fue vigilado en su propio despacho y en su vehículo, y cómo recibió presiones directas para que el nombre de Mariano Rajoy desapareciera de uno de los informes sobre los Papeles de Bárcenas.
Y fue más lejos: uno de sus superiores, aseguró, trasladaba información del caso a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido.
Lo que se juzga en la Audiencia Nacional no es un escándalo de poca monta. Es la presunta arquitectura de un operativo parapolicial montado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy con un objetivo concreto: robar documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas en los momentos en que se investigaba si el partido manejaba una caja negra.
En el banquillo, nombres que resumen una época. El exministro Jorge Fernández Díaz. El exsecretario de Estado Francisco Martínez. El ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. El comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y otros altos mandos del cuerpo de aquella etapa: Marcelino Martín Blas y Andrés Gómez Gordo.
La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 15 años de prisión.
Dieciséis minutos y ninguna constancia
Sáenz de Santamaría llegó al juicio con una narrativa sin fisuras. No sabía. No le constaba. Cuando se enteró fue por la prensa. El Centro Nacional de Inteligencia —adscrito al Ministerio de la Presidencia que ella misma dirigía— no había espiado a Bárcenas.
Rajoy nunca le habló de Kitchen. Dieciséis minutos. Monosílabos. Y a otra cosa.
Morocho, en cambio, construyó durante dos sesiones el retrato de una unidad de investigación que fue literalmente desmontada mientras apretaba el cerco sobre la financiación irregular del PP.
Una «operación policial sin autorización judicial» sobre Bárcenas y su entorno, la llamó. No como opinión. Como constatación.
Antes que ambos había declarado Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero y de Rosalía Iglesias, conocido como líder de la banda Taburete.
Su relato fue el de alguien que creció viendo motoristas con cámaras en el casco. Percibió, dijo, que hubo una «orden» del Gobierno de Rajoy para «hacerle la vida imposible» a su padre.
Y confirmó que Luis Bárcenas le habló en alguna ocasión de grabaciones de audio de conversaciones con Rajoy sobre la contabilidad opaca del partido.
Grabaciones. Conversaciones. Contabilidad opaca. El vocabulario habitual de este procedimiento.
Los fondos reservados y la memoria selectiva
El tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios también escuchó al coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, exdirector del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, con competencias sobre fondos reservados.
Su memoria resultó selectiva: no recuerda si Kitchen apareció en la documentación de esos fondos.
No detectó «ninguna irregularidad». Nunca llegaron al gabinete recibís a nombre de Sergio Ríos —el chófer de Bárcenas captado presuntamente como confidente— ni gastos nominativos del excomisario Enrique García Castaño, cuya causa fue archivada por razones médicas.
Quien sí acreditaba, precisó De los Cobos, que los fondos reservados se empleaban para los fines legalmente previstos era la Dirección Adjunta Operativa. Es decir, Eugenio Pino. Hoy en el banquillo.
Un mes de juicio. La arquitectura del caso se va levantando declaración a declaración. Lo que queda pendiente —las contradicciones que el tribunal deberá resolver, la cadena de mando que la acusación intenta trazar— es lo que convertirá este proceso en uno de los juicios políticos más relevantes de la democracia española reciente. O no.
Pero los monosílabos de Sáenz de Santamaría y las siete horas de Morocho ya dicen, cada uno a su manera, algo sobre lo que estaba en juego en 2013.
