La defensa del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha pedido este miércoles su absolución en el juicio de la Operación Kitchen, al defender que investigar a Luis Bárcenas y a su entorno era una actuación legítima y que lo verdaderamente delictivo habría sido impedir esas pesquisas.
Durante su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional, el abogado Pedro Colina rechazó la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones sobre la existencia de un operativo parapolicial diseñado para obtener información del extesorero del Partido Popular y obstaculizar la investigación de la presunta caja B del partido.
Según sostuvo, lo que existió fue «una operación real policial, lícita y legal de inteligencia» destinada a localizar dinero y patrimonio de Bárcenas y de su familia: «Una operación de Estado», resumió.
Sobre esa base, el letrado afirmó que «lo que habría sido verdaderamente delito» habría sido no investigar al extesorero o que Martínez hubiese ordenado detener esa actuación policial.
Niega que la operación partiera de la cúpula de Interior
Colina insistió en que durante el juicio no se ha acreditado que la supuesta Operación Kitchen fuera ordenada desde la dirección política del Ministerio del Interior o desde el Partido Popular. A su juicio, la iniciativa surgió en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional a raíz de la posibilidad de que Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas, actuara como confidente.
Lejos de presentar esa actuación como un dispositivo clandestino, el abogado la definió como «una operación de inteligencia de todo menos clandestina».
Tras casi tres meses de vista oral, subrayó, «ningún testigo, ningún perito» ha respaldado la versión de los hechos sostenida por las acusaciones sobre la existencia de una Operación Kitchen concebida para sustraer documentación al extesorero del PP.
El letrado reconoció que Francisco Martínez conocía la operación y había sido informado de ella, pero sostuvo que ello respondía a sus responsabilidades como secretario de Estado de Seguridad, entre las que figuraba coordinar actuaciones policiales de interés para el Estado.
En cambio, negó que su cliente impartiera instrucciones al comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado de haber captado como confidente a Sergio Ríos y de coordinar su actuación.
También defendió la legalidad de los pagos realizados con fondos reservados al exchófer de Bárcenas, al afirmar que «pagar a un confidente por una operación lícita es lícito».
«Bárcenas jamás tuvo una prueba»
La defensa sostuvo además que la acusación pierde consistencia porque, a su juicio, Luis Bárcenas nunca dispuso de pruebas comprometedoras para el Partido Popular.
«Jamás tuvo una prueba y, por tanto, jamás le quitaron nada», afirmó Colina, quien añadió que, si el extesorero hubiera contado con esa documentación, habría tenido numerosas oportunidades para aportarla, incluso antes de ingresar en prisión preventiva.
Desde esa premisa, concluyó que el denominado caso Kitchen «se cae, desaparece».
Críticas a las grabaciones y a las agendas de Villarejo
El abogado también dirigió buena parte de su informe a cuestionar la validez de algunas de las principales pruebas incorporadas al procedimiento.
Respecto a las grabaciones realizadas por José Manuel Villarejo, sostuvo que no fueron conversaciones «naturales ni espontáneas», sino «dirigidas», y defendió que no deberían admitirse como prueba al considerar que vulneran derechos fundamentales de su cliente.
Asimismo, puso en duda los audios aportados por el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el denominado caso Leire Díez, al sugerir que habrían podido ser manipulados por el propio empresario.
Colina también rechazó el valor incriminatorio de las agendas de Villarejo, al entender que no constituyen un elemento objetivo que corrobore las grabaciones ni contienen, por sí mismas, información incriminatoria.
En este punto, discrepó de la afirmación realizada por el fiscal anticorrupción César de Rivas durante el juicio, cuando sostuvo que Villarejo «no se engaña a sí mismo» en sus anotaciones. Según el abogado, las propias agendas contienen numerosos elementos que cuestionan esa conclusión.
«Cuando uno está mintiendo constantemente o está creando fábulas o está en conversaciones contando historias que no son ciertas para obtener otro tipo de información, entiendo que igual anoten sus agendas para no olvidarla y para recordar», argumentó.
Por último, recordó que en esas anotaciones «no se habla de una Operación Kitchen consistente en robar documentos a Bárcenas para beneficiar a los dirigentes del PP», insistiendo en que las pruebas practicadas durante el juicio no sostienen la versión defendida por las acusaciones.
