El abogado del exDAO de la Policía Nacional, Eugenio Pino, pide la absolución de su cliente y defiende que el uso de fondos reservados y la captación del chófer de Luis Bárcenas respondieron a un operativo de inteligencia destinado a localizar su patrimonio.
Su defensa ha sostenido este jueves ante la Audiencia Nacional que la denominada Operación Kitchen «no existe» y que su propia denominación responde a una «invención» atribuible a la prensa o al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Una «operación de inteligencia» plenamente legal
Durante su informe final en el juicio que analiza el presunto operativo desplegado en 2013 para obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas, el letrado Jorge Hernansanz defendió que lo que realmente se autorizó fue una «operación de inteligencia» plenamente legal, orientada a localizar las posibles fuentes patrimoniales y testaferros de Bárcenas.
Según la defensa, Pino dio el visto bueno al operativo tras recibir información sobre la posible localización de bienes vinculados al extesorero, aunque insistió en que se trataba de una actuación que «ni le ocupaba ni le preocupaba» personalmente.
En esa línea, explicó que la captación como confidente del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, tenía como único objetivo obtener información sobre el patrimonio del extesorero. Esa información, añadió, debía ser posteriormente contrastada mediante vigilancias y seguimientos realizados sobre Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y otras personas de su entorno.
El abogado sostuvo que verificar la información proporcionada por una fuente forma parte de cualquier actuación de inteligencia y llegó a afirmar que no hacerlo habría supuesto, en su opinión, un supuesto de encubrimiento. Asimismo, rechazó que los seguimientos realizados puedan calificarse como una conducta delictiva.
Los 100 testigos avalan que la operación fue lícita
La defensa también argumentó que los más de cien testigos que han declarado durante el juicio han respaldado que el objetivo del operativo era localizar bienes y patrimonio de Bárcenas, y afirmó que no existe ningún indicio que permita concluir que Pino participó en una operación ilícita, sin perjuicio de que otras personas pudieran apartarse posteriormente de ese cometido inicial.
Respecto a los fondos reservados, Hernansanz reconoció que su cliente autorizó su utilización para remunerar al exchófer de Bárcenas, al considerar que formaban parte de una operación de inteligencia legal, recordando además que la normativa atribuye carácter secreto al empleo de esos recursos.
Por último, rechazó el argumento de las acusaciones relativo a la ausencia de autorización judicial, al diferenciar una operación de inteligencia de una investigación policial. En consecuencia, solicitó la absolución de Eugenio Pino y reclamó la imposición de las costas procesales a las acusaciones particular y populares por actuar, a su juicio, con «temeridad» y «mala fe».
