Procuradores y letrados de la Administración de Justicia, hablando sobre el futuro de la ejecución en el proceso judicial. Así fue la mesa «La ejecución en el proceso judicial, retos y perspectivas», que celebró celebrado en el marco del I Congreso Nacional de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ) que se está celebrando en el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Las últimas novedades legislativas han creado fuertes cambios y reestructuraciones. Algunas de ellas, aún sin llegar a ser comprendidas del todo por los operadores de Justicia.
Un contexto de cambio e incertidumbre que se ha debatido esta semana en la sede madrileña del ICAM, donde ha tenido lugar el I Congreso Nacional de PROLAJ. Y en el que procuradores y LAJs han debatido abiertamente sobre el futuro de la ejecución.
«Los procuradores llevamos años cumpliendo tareas ahora incluidas en la 1/2025. La Ley ha venido a reconocer esas acciones, pero poco más», aseguraba en este sentido la decana del Colegio de Procuradores de Madrid, Carmen Giménez Cardona.
Una normativa en la que se contempla la posibilidad de crear una especie de «comisiones» de unión entre LAJs y procuradores, para favorecer la ejecución en el proceso judicial.
Ello, convirtiendo a los procuradores en agentes de ejecución, «bajo la necesaria supervisión de los LAJs».
«Un cambio que tendría un fuerte impacto económico. Para las administraciones con competencias, supondría un importante ahorro. Y para los ciudadanos, pese al gasto inicial, se produciría ahorro posteriormente, con la reducción de intereses y trámites; y, por lo tanto, honorarios», explicaba la decana.
«La ejecución en España es desastrosa. Sólo 1 de cada 4 sentencias se ejecuta. El CGPJ aseguraba que la media de ejecuciones son 38 meses», explicaba Barrenechea. «Algo que demuestra que el sistema de ejecución es un sistema fallido».
Posición que compartía el secretario del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Alberto García Barrenechea.
«Convirtiéndonos en agentes de ejecución, y trasladando la misma a los LAJ para la aprobación, se consigue más protección, como ya se hace en más de 100 países», destacaba.
Una solución que podría acabar con los terribles datos de la ejecución en el país.
«La ejecución en España es desastrosa. Sólo 1 de cada 4 sentencias se ejecuta. El CGPJ aseguraba que la media de ejecuciones son 38 meses», explicaba Barrenechea. «Algo que demuestra que el sistema de ejecución es un sistema fallido».
La ejecución, con gran efecto económico
«Si no se trabaja más lento, es porque estáis los LAJ. Pero no se va a poder avanzar sin inversión. Ya nos gustaría tener los medios de Hacienda», lamentaba el secretario de los procuradores de España.
Un equilibrio entre letrados de la administración de Justicia y procuradores que también apoyaba Adrián Gómez Linacero, presidente autonómico de PROLAJ en Madrid.
«No veo inconveniente, ni en protección de datos, ni en técnica, en que se incluya a los procuradores en la ejecución. Porque el efecto económico que tiene la ejecución es extraordinario», aseguraba.
Palabras con las que Gómez Linacero no sólo abría la puerta a los procuradores como agentes de ejecución, sino que también exponía que la falta de medios no es el único «problema» a afrontar.
«Sí, hacen falta más medios. Pero eso parece haberse convertido en un mantra. No son sólo los medios, sino cómo se utilizan. Hace falta un enfoque», aseguraba.
Algo para lo que el presidente de Entidades Especializadas Alex Munne Gómez, explicaba que también contaban con el papel de estas entidades. «Trabajamos codo con codo con los LAJ. Y tenemos gran experiencia en las ejecuciones», destacaba.
