Nuestra Ley procesal civil articula cuatro procedimientos para poder recuperar la posesión usurpada: a) juicio de desahucio por precario (250.1.2º LEC), b) efectividad derechos reales inscritos (250.1.7º LEC), c) tutela sumaria de la posesión (250.1.4º LEC), y d) y tutela sumaria del derecho a poseer con facultad de entrega inmediata (párrafo segundo artículo 250.1.4º LEC).
A diferencia del proceso de tutela sumaria de la posesión, que ampara el derecho de posesión o ius possessionis (al margen de la titularidad definitiva del derecho exteriorizado), el resto de procedimiento se fundamentan en el derecho a poseer o ius possidendi, es decir, en un derecho personal (depósito, comodato, arrendamiento…) o real (propiedad, usufructo…) con facultades posesorias.
El fin último de todos ellos, no obstante, es el mismo, a saber: condenar al demandado a entregar la posesión al titular del derecho.
Con todo ello, la vía más rápida para la protección de la posesión legítima frente a la usurpación es la que hace tiempo viene defendiéndose por distintos sectores, en perspectiva comparada con los países de nuestro entorno: la intervención no judicializada ex ante de la fuerza pública para expulsar de la vivienda al usurpador en el plazo de 24 o 48 horas desde la denuncia del poseedor que exhiba título sin justificación del ocupante.
Ahora bien, la anterior premisa es perfectamente compatible con el impulso de una profunda reforma procesal civil para lograr ratios de respuesta más rápidas al fenómeno “okupa”.
Algunas de las claves de una eventual modificación legislativa podrían ser las siguientes:
1.- Fijación de preferencia en la tramitación de los procesos antes indicados, cuando tengan por objeto un acto de usurpación (en todas sus manifestaciones). Esta preferencia, ya existente en otros ámbitos (artículos 753.3, 249.1.2º y 7bis.3 LEC), debe convertirse en una preferencia vinculante y real, y no meramente testimonial, cuyo incumplimiento por el Tribunal tenga consecuencias para éste o el poder público de alguna índole y efectos resarcitorios para el justiciable.
2.- Establecimiento de un incidente monitorio similar al del desahucio del artículo 438.5 LEC para las demandas de tutela sumaria de la posesión contra “okupas”, fijándose la fecha del lanzamiento en el Decreto (en caso de no aportación de título posesorio) o sentencia condenatoria en caso de oposición, sustituyéndolo por la fase actual de entrega inmediata de la posesión
3.- Ejecución privilegiada del decreto y sentencia en el propio proceso declarativo, sin necesidad de petición, demanda ejecutiva ni espera del plazo del artículo 548 LEC. Ello implica extender, por si existieran dudas, el ámbito de aplicación de los artículos 549.3 y 437.3 LEC, dada la imprecisión del concepto “todos los tipos de desahucio”, a todos todos los procesos indicados en el párrafo primero.
4.- Admisión de peticiones de lanzamientos sucesivos en caso de usurpación reiterativa sobre una misma finca contra ignorados ocupantes en el plazo de un año desde la firmeza de la resolución condenatoria sin necesidad de nuevo proceso y de habilitar el incidente de terceros ocupantes.
5.- Inclusión como pronunciamiento legal accesorio en toda resolución estimatoria de la pretensión de recuperación de la posesión, en concepto de indemnización, sin necesidad de prueba, del importe de la renta de alquiler de mercado de la finca hasta que se produzca la entrega de la posesión
6.- Regulación independiente del proceso autónomo de tutela sumaria del ius possidendi del párrafo segundo del artículo 250.1.4º LEC, para diferenciarlo debidamente de la tutela sumaria del ius possessionis, al ser instituciones civiles diferentes.
7.- Supresión de todo régimen de vulnerabilidad y del incidente del artículo 441.5 LEC, así como requisitos del artículo 439.6 LEC, en caso de demanda con ignorados ocupantes y contra todo fenómeno de usurpación o posesión sin título o con título extinguido.
8.- En caso de concurrencia de vulnerabilidades (actor y demandado) prevalencia del derecho de propiedad privada (33 CE) sobre el derecho a una vivienda (47 CE), pues el primero es un derecho básico (STC 89/1994, de 17 de mayo) y el segundo un principio rector (STC 32/2019, de 28 de febrero), con diferente alcance y fuerza para los poderes públicos (53 CE).
9.- Emplazamiento automático por Edictos en caso de falta de recepción del primer emplazamiento judicial en el domicilio usurpado.
10.- Facultad de los comuneros en régimen de propiedad horizontal para instar el desahucio de una finca sita en la Comunidad vía acción subrogatoria, una vez constatada la inacción de su titular, previo requerimiento del Presidente.
11.- Habilitación expresa a los Procuradores para poder ejecutar el lanzamiento en condición de autoridad judicial delegada, en todo tipo de desahucios, sean de vivienda habitual o no, en la fecha predeterminada por el Procurador.
12.- Creación de un Registro de condenados por resolución firme en alguno de los procesos indicados con fundamento en alguna modalidad de usurpación de vivienda, excluyéndoles de todo tipo de ayudas o subvenciones públicas en materia de vivienda, que pueda ser consultado además por cualquier arrendador antes de celebrar el contrato.
13.- Simplificación del trámite de fijación de caución en la demanda de efectividad de derechos reales inscritos, permitiendo su determinación sin audiencia en el propio Decreto de admisión de la demanda o Providencia posterior.
